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Soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur. La noticia de esta semana fue sin dudas la sanción del proyecto de ley del investigador científico, como habíamos adelantado en nuestra nota de fin de año.
Este es un sueño largamente acariciado por la comunidad local de investigadores que brindaría un marco legal específico para la profesión en Paraguay. Además, crearía el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI), el cual reemplazaría al actual Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT.
Pero todavía falta que el Ejecutivo promulgue o vete el proyecto, y luego deben pasar seis meses para que entre en vigencia y se reglamente, por lo que probablemente recién se efectivice en 2024.
La versión final que quedó tras el paso por la Cámara de Senadores llama la atención en dos puntos conflictivos: la categoría de investigador independiente se vuelve una excepción que debe justificarse ante el SISNI; y se da marcha atrás en quiénes pueden recibir fondos para investigación.
Tras críticas de jóvenes investigadores, los diputados habían aprobado del nivel I para arriba, pero los senadores limitaron a los dos niveles superiores, II y III. ¿Por qué la Cámara de Diputados no se ratificó en su versión?
Los referentes del proyecto argumentan que debía aprobarse ya una base sobre la cual trabajar y no dejar pasar más tiempo, pero no es menos cierto que esto generará una nueva configuración de relaciones entre investigadores y centros que pueden recibir fondos y los que no, tensión que deberá resolverse tarde o temprano. |