En una década, Paraguay aumentó un 342 % la importación de plaguicidas. Mientras el agronegocio se expande, escuelas rurales del país quedan a metros de zonas fumigadas y comunidades enteras conviven con agroquímicos sin protección efectiva.
Varios centros educativos del interior dejaron de ser solo espacios de aprendizaje para convertirse en territorios de disputa entre dos modelos de desarrollo. Por un lado, el agronegocio avanza con fuerza, extendiendo monocultivos que en varias zonas llegan a menos de 100 metros de aulas escolares e incluso, en algunos casos, a menos de 20 metros.
Por otro lado, docentes, familias y estudiantes intentan sostener el acceso a la educación en condiciones dignas, en medio de una tensión constante entre la rentabilidad económica y la defensa de derechos básicos.
Esta situación fue documentada en el informe “Escuelas y comunidades en riesgo de fumigación”, elaborado por Marielle Palau, Miguel Lo Bianco y Alicia Amarilla. El estudio combina datos cuantitativos y cualitativos para visibilizar desigualdades, evidenciar el incumplimiento de normativas y señalar una ausencia estructural del Estado en la regulación efectiva y la protección de comunidades vulnerables.
Las escuelas rurales, en este contexto, se convierten en símbolos de resiliencia, pero también en evidencia de la urgencia de repensar qué tipo de desarrollo se está construyendo y a costa de quiénes.
El informe de BASE-IS analizó 357 escuelas de la Región Oriental de Paraguay y detectó que 116 están en situación de riesgo por su cercanía a cultivos de agronegocio, de las cuales 99 presentan exposición directa a fumigaciones a menos de 100–200 metros, afectando a aproximadamente 8.628 estudiantes y 1.168 docentes.
La socióloga Marielle Palau señala a Ciencia del Sur que el contacto con las comunidades permite comprender cómo se vive cotidianamente la exposición a fumigaciones. Explica que las diferencias dependen del nivel de organización y del tiempo de convivencia con el agronegocio.
Las comunidades organizadas identifican con claridad efectos en la salud, contaminación de cultivos, intoxicación de animales y deterioro de fuentes de agua. En cambio, aquellas con décadas de exposición dejaron de denunciar, en gran medida por la falta de respuesta institucional.
Palau también advierte a nuestro medio que la ausencia de registros oficiales sobre intoxicaciones constituye en sí misma un indicador relevante, ya que refleja la baja prioridad institucional y la inacción frente a denuncias reiteradas. Resalta, además, que el incumplimiento de medidas -como franjas de protección y barreras vivas- puede observarse directamente en los territorios, evidenciando una brecha persistente entre la normativa vigente y su aplicación.
En ese marco, plantea la necesidad de evitar el extractivismo epistémico, es decir, la extracción de conocimiento desde las comunidades sin retorno, promoviendo que los resultados de las investigaciones fortalezcan sus procesos organizativos.
Falta articulación real
El Prof. MSc. Edgar Bernabé Cardozo Ruiz Díaz, director del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN – UNA), explica a Ciencia del Sur que uno de los principales desafíos para enfrentar los impactos del modelo agroproductivo radica en lograr una articulación efectiva entre la academia, el Estado y el sector productivo.
Este proceso, puntualiza, suele ser complejo debido a las diferencias de intereses y lenguajes entre estos actores.
Cardozo sostiene que la academia debe asumir un rol activo en la generación de conocimiento aplicado, vinculado a problemáticas concretas, mientras que el Estado debe actuar como facilitador y regulador mediante políticas públicas y marcos normativos adecuados que garanticen el acceso seguro a tecnologías.
Añade que el sector productivo tiene la responsabilidad de implementar estas tecnologías bajo criterios de sostenibilidad y compromiso social, destacando la importancia de incluir a las comunidades y promover equipos multidisciplinarios.
Las comunidades, en este contexto, “reexisten”, en el sentido planteado por la antropóloga Rita Segato. Más allá de resistir, recrean activamente sus formas de vida, vínculos y territorios desde lógicas propias. No se trata solo de oponerse a un modelo que desplaza, sino de sostener y rehacer cotidianamente modos de existencia que proponen otras formas de desarrollo y relación con el entorno.
En esa misma línea, la licenciada en Ciencias de la Educación Faustina Alvarenga, experta en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, plantea a Ciencia del Sur que la reducción del uso y la dependencia de agroquímicos requiere una transformación profunda del modelo extractivista hacia un enfoque agroecológico. No se trata únicamente de un cambio técnico, sino también de recuperar prácticas productivas culturalmente adecuadas y sostenibles.
“Existen experiencias que combinan conocimientos tradicionales y científicos, lo que fortalece la autonomía de las comunidades, la regeneración del suelo y la resiliencia ecológica. La agroecología se posiciona como una alternativa al modelo basado en agroquímicos, ya que promueve la diversificación de cultivos y prácticas como el uso de abonos verdes y el compostaje”, señala Alvarenga a Ciencia del Sur.
En las últimas décadas, el uso de agroquímicos se consolidó como una forma dominante de intervención en el territorio, generando nuevas desigualdades en los riesgos que enfrentan las comunidades más vulnerables. Este proceso no solo incrementa la presencia de sustancias químicas en la agricultura, sino que también modifica las relaciones sociales y el acceso a la información en el marco de regulaciones vinculadas al mercado global.
Masivo uso de plaguicidas
Los agroquímicos son compuestos químicos, generalmente sintéticos, utilizados en la agricultura como fertilizantes, plaguicidas o acondicionadores del suelo (FAO, 2025). En términos generales, se emplean para favorecer el desarrollo de los cultivos mediante el control de plagas y enfermedades.
En Paraguay, su uso creció de manera sostenida. Las importaciones de plaguicidas pasaron de 14.010 toneladas en 2011 a 61.953 toneladas en 2021, lo que representa un incremento de 342 % en una década, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Ventanilla Única de Importación (VUI), sistematizados por el Centro de Estudios Heñói.
A nivel normativo, el país cuenta con la Ley N.º 3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, además de otras disposiciones como la Ley N.º 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley N.º 716/96 sobre delitos ambientales y la Ley N.º 1561/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente. A esto se suman la Política Ambiental Nacional y la incorporación del principio precautorio, que establece la obligación de actuar preventivamente ante posibles daños, incluso cuando no exista certeza científica absoluta. (Ley N.° 5875, 2017).
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aprobó en 2023 un protocolo para la protección de instituciones educativas ante riesgos de fumigación e intoxicación por pesticidas.
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Sin embargo, la existencia de estas normas no garantiza su cumplimiento. El informe de Palau evidencia un bajo acatamiento de medidas como las franjas de protección y una limitada respuesta institucional en zonas rurales.
El jurista Mauricio García Villegas aseguró que en América Latina la ineficacia del derecho es estructural y está asociada a una cultura del incumplimiento: las normas existen formalmente, pero no se traducen en prácticas efectivas.
Esta brecha también es observada por el investigador del área de ciencias sociales Hugo Pereira, quien explica que el avance de los monocultivos de soja sobre territorios campesinos e indígenas genera un contacto directo entre el agronegocio y la agricultura familiar, afectando la calidad de vida, entre otros factores, por la exposición a fumigaciones.
Pereira advierte que muchas comunidades quedan rodeadas por estos cultivos, enfrentando el dilema de permanecer en sus territorios o abandonarlos debido al acaparamiento de tierras y la reducción del espacio campesino.
El costo de quedarse y el dolor de marcharse
Los agroquímicos no son biológicamente inertes. Desde la biología, muchos de estos compuestos están diseñados para interferir en procesos vitales de organismos. Esa misma característica que los hace eficaces contra plagas puede afectar también la salud humana.
En zonas donde las fumigaciones ocurren cerca de viviendas y escuelas, comienzan a registrarse síntomas como dolores de cabeza, mareos, irritaciones en la piel, dificultad para respirar y vómitos.
El Sr. Benjamín Valiente Duarte, de la comunidad San Blas, situada en el distrito de Concepción, departamento de Concepción, relata a Ciencia del Sur que, aunque su comunidad no está rodeada por grandes monocultivos, el uso de agroquímicos persiste a menor escala y afecta la producción local.
Desde su experiencia en la Pastoral Social, comenta que visitó comunidades directamente afectadas por fumigaciones intensivas, donde observó lesiones en la piel, malestares estomacales y cuadros febriles. Resalta que, aunque las personas acuden a centros de salud, no existe una atención especializada ni investigaciones posteriores en el territorio.
Según Valiente, una medida clave sería establecer distancias mínimas entre zonas de producción y comunidades, además de proteger los cursos de agua. Añade que incluso en experiencias agroecológicas surgen dificultades, como el desplazamiento de animales hacia chacras familiares.
Investigaciones de Pereira documentan síntomas asociados a intoxicaciones agudas por exposición a agroquímicos en comunidades como Kuruzu de Hierro, ubicada en el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción, así como mortandad de animales, daños a cultivos y conflictos con productores agrícolas.
En estudios posteriores, Pereira muestra que las fumigaciones y la expansión del agronegocio se articulan con procesos de desplazamiento campesino, donde la contaminación, junto con presiones económicas y sociales, contribuye al abandono del territorio.
Desconfianza a las instituciones
Por su parte, Inés Franceschelli, coordinadora de proyecto del Centro de Estudios Heñói, relata a Ciencia del Sur el caso de dos hermanas de dos y cuatro años en un asentamiento de Canindeyú que fallecieron tras una fumigación en 2014.
Los informes forenses oficiales atribuyeron las muertes a causas infecciosas y descartaron intoxicación por agroquímicos. Sin embargo, actores comunitarios señalaron inconsistencias en el proceso de investigación. Este caso refleja la desconfianza hacia los mecanismos institucionales.
Franceschelli advierte que las comunidades que conviven con monocultivos extensivos enfrentan vulneraciones de derechos y dificultades para sostener modelos productivos diversificados.
También describe que el miedo y la naturalización del daño forman parte de la vida cotidiana. Las denuncias, muchas veces, no encuentran respuesta. “Las víctimas se cansan de solicitar la intervención de un Estado ciego y sordo a sus demandas”, afirma.
Hablar de agroquímicos implica hablar de cuerpos expuestos, de infancias que crecen en entornos inseguros y de comunidades que viven sin garantías efectivas de protección.
Mientras el debate continúa en ámbitos técnicos, políticos y económicos, en los territorios la exposición es constante. La discusión resulta insuficiente cuando no se traduce en acciones concretas que garanticen condiciones de vida dignas y prioricen la salud y los derechos de las poblaciones.
Bibliografía
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-García Villegas, M. (2011). Ineficacia del derecho y cultura del incumplimiento de reglas en América Latina. En C. Rodríguez Garavito (Ed.), El derecho en América Latina: Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. 173–201). Siglo XXI Editores.
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-Palau, M., Lo Bianco, M., & Amarilla, A. (2025). Escuelas y comunidades en riesgo de fumigación. BASE Investigaciones Sociales.
-Pereira, H. (2009). Afecciones relacionadas con la fumigación sojera: El costo social de la expansión de la agricultura mecanizada en Kuruzu de Hierro, Departamento de Concepción, Paraguay (Documento de Trabajo N.º 128). BASE Investigaciones Sociales.
-Pereira, H. (2013). ¿Qué se juega en el departamento de Concepción? Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ).
-Última Hora. (2014, 25 de agosto). Forense descarta muerte de niñas por intoxicación en Huber Duré.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Actualmente, cursando la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Social e Investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Paraguay). Comunicador y divulgador de ciencia con más de 8 años de experiencia. Además, ha trabajado en iniciativas de apropiación social de la ciencia, incluyendo eventos y actividades educativas. Es reportero de Ciencia del Sur.
