Durante el 2025 la Itaipú Binacional operó con una potencia media de 8.319 megavatios continuos, alcanzando una producción anual de 72.879 GWh (gigavatios hora), lo que sitúa al Paraguay entre los países con mayor disponibilidad per cápita de electricidad limpia en el mapa global.
Sin embargo, mientras la energía fluye masivamente hacia el exterior o se consume sin mayor procesamiento local, los laboratorios dedicados a la generación de conocimiento orientados a las necesidades ciudadanas los profesionales batallan a diario. Tienen presupuestos reducidos, equipamiento analítico importado y una urgencia estructural de investigadores.
La distancia entre lo que Itaipú genera y la capacidad tecnológica instalada en las aulas marca la línea del desarrollo nacional. Sin soberanía científica que transforme los gigavatios en patentes, industria limpia y tecnología propia, el país corre el riesgo de ser un mero espectador de su propia riqueza hidroeléctrica.
La verdadera soberanía energética no se agota en la capacidad técnica de retirar el 100 % de la potencia que por derecho nos corresponde. El núcleo del problema radica en qué capacidades nacionales poseemos para decidir el destino de esa energía, y cómo la articulamos para transformar una matriz productiva históricamente primaria y dependiente. Aquí es donde surge la urgencia de discutir la soberanía científica y tecnológica.
Si una de las mayores centrales hidroeléctricas del planeta no se vincula de manera directa con un ecosistema de investigación propio, Itaipú seguirá funcionando -para el Paraguay- como una gigantesca fábrica aislada que exporta energía en bruto e importa la totalidad de la tecnología para subsistir.
Potencia eléctrica sin soberanía científica
Para entender por qué Paraguay no logra traducir sus caudales en desarrollo tangible, hay que mirar el problema a través de la economía política y la sociología crítica regional. La historia de los grandes megaproyectos energéticos en los países del sur global demuestra que, sin una estrategia de integración local, la infraestructura corre el riesgo de funcionar como una isla de modernización extractiva.
Lo vimos en el Congo con el complejo Grand Inga, donde la gigantografía hidroeléctrica terminó alimentando a las mineras transnacionales mientras la población local continuaba a oscuras; o en la Amazonía brasilera con Belo Monte, una obra titánica erigida para sostener la electrointensidad industrial del sudeste a costa de fracturar los territorios del Xingu. En ambos casos, se utilizó una obra de ingeniería con estándares de primer mundo conectada directamente al mercado externo o a polos alejados, pero con lazos sumamente frágiles hacia el tejido empresarial, las universidades y los laboratorios del propio territorio.
A nivel local, los trabajos desarrollados por la doctora en política energética, Cecilia Llamosas, exponen una contradicción estructural, en donde Paraguay genera una cantidad de energía limpia por habitante que lo sitúa en los primeros puestos a nivel mundial. Pero sus indicadores de industrialización tecnológica, patentes registradas e inversión en I+D se encuentran entre los más bajos de Sudamérica.
La investigadora categorizada en el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología trabaja junto a investigadores del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP – UNA).
De acuerdo con los registros de la Binacional, en el 2025 el Estado paraguayo percibió más de 246 millones de dólares en concepto de Royalties y otros 165 millones por la compensación de la energía que le cede a su socio condómino, Brasil. La lógica del desarrollo exigiría blindar un porcentaje de esa masa financiera para obtener una soberanía científica y tecnológica propia.
La realidad, en cambio, muestra que esos bienes comunes terminan engullidos por la burocracia estatal, los huecos del Tesoro o la pavimentación coyuntural en época de elecciones. La abundancia fluye por las turbinas de la represa, mientras la vulnerabilidad convive con el sistema científico.
Ya en los años setenta, el economista brasileño Celso Furtado advertía sobre este espejismo. Los países dependientes pueden acumular divisas y modernizar su consumo, pero si no construyen un núcleo propio de tecnología y capacidades humanas, el crecimiento económico no se traduce jamás en un desarrollo soberano.
Paraguay encabeza las estadísticas globales de energía renovable, un dato respaldado por informes de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI (REN21) que ubican al país en la cima de la producción eléctrica limpia a nivel mundial. En contraste con un cuerpo de investigadores a dedicación exclusiva visiblemente reducido. Mientras los megavatios de electricidad limpia cruzan las fronteras a toda potencia, la producción de conocimiento científico propio sigue acorralada en presupuestos de supervivencia.
La urgencia de una infraestructura del saber
La urgencia de una infraestructura del saberEl despliegue de obras civiles críticas, como las líneas de transmisión de 500 kV y la reciente sincronización del sistema eléctrico nacional, resolvió un problema histórico de restricción física. Hoy, el Paraguay puede retirar la totalidad de la energía que le corresponde en las binacionales, pero la infraestructura de cobre y acero pierde sentido político si no está respaldada por una infraestructura del saber.
El tejido industrial y el sistema académico local carecen actualmente de la densidad necesaria para absorber ese potencial y transformarlo en soluciones complejas para la sociedad.
Seguimos drenando divisas en la importación masiva de derivados del petróleo para mover un transporte público colapsado, incapaces de articular una industria nacional de movilidad eléctrica; cedemos el bloque energético a precios desfavorables en lugar de procesarlo en fundiciones o plantas metalmecánicas locales de alto valor agregado. Y los escasos intentos por explorar alternativas estratégicas como el hidrógeno verde o la gestión de redes inteligentes, se reducen a la compra de tecnología enlatada al extranjero.
El Boletín N°. 3 “Energía en Paraguay, el camino hacia el hub tecnológico de América Latina”, del GISE-FPUNA, sostiene la inercia de ceder la potencia no utilizada a los países condóminos a precios desventajosos, el estudio demuestra que comercializar esa energía en el mercado interno para industrias de demanda intensiva —como los centros de datos— permitiría a la ANDE y al Tesoro capturar hasta 2.587 millones de dólares en escenarios favorables.
Estos recursos impulsarían empleo calificado en ingeniería, convirtiendo la abundancia eléctrica en el cimiento de un verdadero polo tecnológico regional. En este sentido, el Dr. Jorge Rodas, investigador Principal del proyecto estratégico “Generación de Energía Hidroeléctrica y Limpia como Motor del Desarrollo Industrial y Movilidad Verde” ejecutado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), explica a Ciencia del Sur que la disponibilidad de energía por sí sola no garantiza la industrialización.
A su juicio, Paraguay necesita fortalecer la infraestructura energética, formar ingenieros, técnicos e investigadores altamente capacitados y crear centros de investigación que acompañen la innovación. “La energía puede ser una fuente de recursos para impulsar el desarrollo, pero el verdadero cambio depende de la decisión de invertir parte de esos recursos en educación, ciencia, tecnología e innovación”, sostiene el Dr. Rodas.
Sobre este punto, el M.Sc. Ing. Arturo Ramón González Osorio, docente investigador del GISE-FPUNA, señala que la disponibilidad de energía es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo, ya que disponer de electricidad no se traduce automáticamente en bienestar, productividad o conocimiento.
Para el Ing. González, el país debe construir capacidades científicas que le permitan comprender y transformar su ventaja energética mediante la formación de profesionales, la gestión de datos abiertos y el fortalecimiento de áreas clave como la economía de la energía, la regulación y la pobreza energética.
Argumenta además, que las universidades y centros de investigación deben actuar como parte de la infraestructura estratégica nacional, generando evidencia independiente para acompañar las políticas públicas y lograr que la soberanía energética sea completa a través de la soberanía del conocimiento.
En cuanto al aprovechamiento de los recursos, González plantea que la renta hidroeléctrica debe transformarse en una política de desarrollo científico permanente. Propone establecer un mecanismo de financiamiento previsible, plurianual y protegido de los cambios políticos, orientado a misiones nacionales y evaluado por pares para crear infraestructura, laboratorios y capacidades institucionales.
«La energía puede agotarse, perder valor relativo o enfrentar nuevas condiciones; las capacidades científicas bien construidas pueden seguir produciendo beneficios durante generaciones», afirma a nuestro medio el investigador, remarcando que el desafío central sobre Itaipú consiste en convertir una ventaja energética en una política de conocimiento.
Por su parte y complementando la postura respecto a las decisiones de planificación, la Ing. Sonia López Moscarda, también investigadora del GISE-FPUNA, remarca la necesidad de superar la miopía de asumir que la sola oferta de electricidad barata provocará una industrialización automática.
La Ing. López menciona a Ciencia del Sur que la disponibilidad no es ilimitada, eso se evidencia en un crecimiento del consumo eléctrico nacional del 12,5 % durante el 2025 y un 13,3 % a inicios del 2026, lo que reduce rápidamente la brecha de potencia. Ante esto, la profesional propone una política industrial selectiva orientada al valor público generado por megavatio, donde la asignación de bloques energéticos exija generación de empleo directo, integración de proveedores paraguayos y transferencias tecnológicas que fortalezcan el sistema.
La investigadora resalta que la renta percibida por la cesión de energía a Brasil debe canalizarse formalmente hacia la infraestructura nacional, la expansión de los sistemas de transmisión y distribución de la ANDE, y el financiamiento de laboratorios locales especializados en hidrógeno, baterías, movilidad eléctrica, redes inteligentes y electrónica de potencia.
Para López, tanto el desarrollo de la movilidad eléctrica como el uso selectivo del hidrógeno verde deben evitar limitarse a la importación de tecnología o a la exportación de productos primarios. El foco debe ponerse en condicionar las tarifas especiales a compromisos verificables, como por ejemplo la creación de centros de ingeniería, la capacitación laboral local o el trabajo conjunto con las universidades, para garantizar que el valor de la energía permanezca en Paraguay en forma de conocimiento e industria propia.
El dilema de las islas tecnológicas
Por otro lado, durante años, el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) funcionó como un laboratorio piloto para ensayar proyectos que la burocracia estatal difícilmente puede asumir de forma directa. La puesta en marcha de la primera “Unidad Experimental de Producción de Hidrógeno Verde” en sus instalaciones fue desarrollada a través de un convenio entre la binacional y el PTI. Esta iniciativa, bajo la gestión técnica del Ing. Enrique Buzarquis, gerente del Centro de Innovación en Energías Alternativas, representa un avance técnico relevante.
El proyecto demostró en territorio paraguayo la viabilidad de descomponer el agua mediante electricidad excedente para producir y almacenar hidrógeno como vector energético, con aplicaciones industriales y de transporte limpio. La planta piloto, equipada con un sistema modular HydroCab con electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM), tiene una capacidad instalada de unos 2 metros cúbicos normales por hora (Nm³/h) de hidrógeno con una pureza del 99,99 %. Además, ya logró completar el ciclo de generación y reconversión de la energía al alimentar un vehículo eléctrico con la electricidad producida por una celda de combustible a partir del hidrógeno.
Aunque la infraestructura inicial proviene de la firma alemana H2 Core Systems, el diseño arquitectónico y eléctrico, así como las pruebas de aceptación y mantenimiento, fueron asumidos por profesionales locales, iniciando un proceso real de transferencia tecnológica, elaboración de protocolos y aprendizaje sobre insumos industriales compatibles.
No obstante, estos avances corren el riesgo de quedar en la categoría de experiencias aisladas o “islas de eficiencia” si no se integran a una política nacional de ciencia y tecnología de largo plazo. El Ing. Buzarquis comenta a Ciencia del Sur que el valor real de esta unidad no radica en la producción comercial inmediata, ya que el resultado principal sería en actuar como plataforma para la investigación aplicada y la validación de normas técnicas antes de escalar proyectos industriales de mayor envergadura (como fertilizantes o amoníaco verde).
Si el país proyecta el hidrógeno verde únicamente para la exportación de commodities energéticos a través de capitales transnacionales, se corre el riesgo de reproducir el esquema extractivo, es decir, destinar los recursos hídricos y eléctricos a mercados externos mientras las industrias, el transporte y los hogares locales continuarán atados a la quema de leña y al petróleo importado.
Además, investigaciones del hidrólogo Guillermo Achucarro advierten que la variabilidad climática y las sequías severas sobre la cuenca del Río Paraná imponen límites ecológicos a la generación eléctrica que no pueden ser ignorados al planificar industrias electrointensivas.
La soberanía científica exige previsibilidad temporal; los investigadores no pueden planificar a décadas si sus contratos y laboratorios dependen de negociaciones bilaterales anuales o de proyectos experimentales sin un marco regulatorio consolidado.
La renegociación del Anexo C y las discusiones sobre el futuro de la entidad más allá del año 2026 no deberían limitarse a establecer el monto del cheque anual que recibirá el Estado paraguayo. El verdadero salto cualitativo consistirá en blindar un porcentaje estructural de esos ingresos para la creación de un fondo soberano destinado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano avanzado.
Solo cuando el conocimiento necesario para operar, diversificar y potenciar la riqueza de nuestros ríos se genere en laboratorios paraguayos, podremos afirmar que Itaipú es verdaderamente nuestra. Mientras tanto, continuaremos cambiando energía por divisas, perdiendo en el proceso la oportunidad histórica de industrializar nuestra inteligencia nacional.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Actualmente, cursando la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Social e Investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Paraguay). Comunicador y divulgador de ciencia con más de 8 años de experiencia. Además, ha trabajado en iniciativas de apropiación social de la ciencia, incluyendo eventos y actividades educativas. Es reportero de Ciencia del Sur.
- Víctor Ramírez
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