Ciencia para la política: gestión pública nutrida de datos

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Desde hace unos años el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) viene realizando un interesante esfuerzo para fortalecer la labor y divulgación científica en Paraguay. También han surgido iniciativas que pretenden que la ciudadanía conozca su importancia o que trabajan para fomentar el interés de niños y niñas por la ciencia, como Clubes de Ciencia, el Benjamin Franklin Science Corner y Techauka.

En ese sentido, es entendible que la comunidad científica paraguaya se preocupe y haga incidencia para que los candidatos presidenciales que pugnarán en las elecciones generales de abril de este año introduzcan en sus propuestas y planes de gobierno la política científica para seguir fortaleciendo este trabajo. No obstante, la relación entre ciencia y gestión pública todavía es muy débil.

En primer lugar hay que diferenciar la política científica o “política para la ciencia” —para fomentar actividades de investigación, desarrollo e innovación— de la “ciencia para la política” que se refiere a la sistematización u organización de la evidencia para fundamentar una política pública cualquiera sea el área. Este segundo tipo de relación entre política y ciencia es prácticamente inexistente en Paraguay.

Es importante que también nos preocupemos en mejorar el vínculo ciencia-política para promover una cultura política cercana a la ciencia y a la vez potenciar una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad.

Seguir fundamentando la gestión pública en opiniones y no en datos lleva a una incapacidad de lidiar con agudos problemas de la realidad. En ejemplo de ello es la posición que asumió el exministro de Educación y Ciencia paraguayo al prohibir la difusión de materiales didácticos con “ideología de género” o cuando el mismo ministerio en 2010 no logró implementar el marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad a pesar de la clara evidencia empírica que requería su aplicación.

El Reino Unido es uno de los primeros en contar con la figura del “asesor científico” (Chief Scientific Adviser) en cada ministerio, conformando una red que apoya al gobierno en la toma de decisiones.

En Estados Unidos la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) desarrolla desde los años 70 un programa que ubica a científicos por lo menos durante un año en las agencias del Gobierno federal.

En Australia existe una iniciativa denominada “Science meets Parliament” que también pretende ser replicada en España en lo que denominan “Ciencia en el Parlamento”, esto en línea con actividades de la Unión Europea.

Con este enfoque no pretendo que los gobiernos adopten un “cientificismo” absoluto, dejando de lado los procesos de participación y debate propios de la dinámica política. Sino más bien, aportar más elementos para mejorar la calidad de la democracia y resolver de forma positiva los problemas que afectan a los países de la región.

Ante los desafíos que actualmente enfrenta la humanidad, es más que nunca necesario que mejoremos el vínculo ciencia-política.

 

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