Pese a haber transcurrido más de 4 años desde la legalización del cannabis medicinal en Paraguay, son escasas las investigaciones al respecto. Científicos señalan a la burocracia y limitaciones legales como el principal lastre, mientras pacientes y activistas deben afrontar los altos costos de los aceites producidos legalmente o bien la criminalización del autocultivo.
En diciembre del 2017 se promulgó la ley 6.007 para el estudio y la investigación médica y científica de la planta de cannabis y sus derivados. Unos meses más tarde, en agosto de 2018, salió el decreto presidencial que lo reglamenta.
Sin embargo, el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC) recién contó con un responsable a finales de 2020, comentó la actual coordinadora del programa, Mercedes Da Silva.
“Fue en plena pandemia. Por eso estamos muy en deuda con ese aspecto”, refirió la coordinadora sobre las investigaciones. También mencionó que otro problema es que no se presentan muchas solicitudes para investigar y que el trabajo del PROINCUMEC en 2021 se enfocó en el registro de usuarios y médicos, además de la entrega gratuita del aceite medicinal a pacientes registrados.
Actualmente, en el PROINCUMEC solo se encuentra en proceso de autorización una investigación. Se trata de una tesis de maestría en química orgánica con énfasis en fitoquímica medicinal. El programa tampoco cuenta con convenios con instituciones académicas y científicas para futuras investigaciones.
Marco legal para la investigación del cannabis medicinal
La ley 6.007 por la cual se creó el PROINCUMEC establece que el programa tiene el deber de investigar, recolectar datos y comprobar la eficacia de las propiedades del cannabis y sus derivados en su uso medicinal, así como cooperar con instituciones académicas y científicas, entre otras.
El programa es administrado e implementado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), la autoridad de aplicación de la ley. Para el cultivo, la producción o importación de semillas, plantas y productos derivados del cannabis, se necesita una autorización de la DINAVISA, de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
Según la ley, la DINAVISA puede aprobar el cultivo y la producción de cannabis medicinal con fines de investigación a:
- La Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
- El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
- El Instituto Forestal Nacional (INFONA).
- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Sin embargo, solo una institución, la UNA, ha realizado investigaciones.
Hugo Zarza, director general de programas de investigación del IPTA, dijo a Ciencia del Sur que aún no se inician investigaciones sobre el cannabis medicinal en la institución. En cambio, sí están trabajando con el cáñamo, es decir, el cannabis para uso industrial, el cual no cuenta con psicoactivos y tiene menos limitaciones legales.
El INFONA no respondió a nuestras consultas. En la página web de proyectos del CONACYT no se encuentra información sobre alguna investigación en marcha sobre el tema.
Líneas de investigación emergentes sobre el cannabis
El Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT), dependiente de la UNA, acompañó hasta la fecha dos tesis sobre el cannabis. La primera fue realizada en 2020 para la carrera de farmacia, en la cual se realizó una identificación de cannabinoides con una metodología de cromatografía.
La segunda tesis, desarrollada en 2021, fue de un estudiante de bioquímica y consistió en la estandarización de una metodología para la identificación y cuantificación de cannabinoides en el aceite.
Para estas investigaciones no se necesitó la autorización porque no se trabajó con el aceite medicinal, explicó Héctor Nakayama, bioquímico e investigador del CEMIT.
A finales del año pasado, el CEMIT firmó un convenio con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) para desarrollar proyectos sobre el cannabis medicinal y el cáñamo. La institución busca que esto facilite los trámites de autorización y provisión de la materia prima para las investigaciones.
El CEMIT cuenta con una línea emergente de investigación denominada “Evaluación de germoplasma, producción, formulación y control de calidad de cannabis medicinal y cáñamo”, a cargo de Nakayama, por lo que se espera que más investigaciones sean realizadas en los próximos años.
Otra línea de trabajo será sobre el cáñamo, que tiene otro tratamiento por ser industrial y no cuenta con los metabolitos de los cannabinoides en las concentraciones que se utilizan para el aceite medicinal, según Nakayama. Los estudios sobre el cáñamo cuentan con una legislación diferente, a través del decreto presidencial 3.999 de 2020, y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
“Nosotros ahora queremos empezar con los trabajos con cáñamo, que es lo que nos dará experiencia, y después ir avanzando o retomando con el aceite medicinal porque tiene todavía ciertas restricciones”, declaró el investigador.
“Nosotros queremos volar y todavía tenemos anclas en los pies”
Nakayama mencionó que hay una traba al investigar sobre el cannabis: el proceso de autorización para conseguir la materia prima es muy lento.
“Hay cuestiones legales que no tienen mucho sentido cuando uno hace investigaciones, porque nosotros acá no vamos a producir ni comercializar. Tendríamos que tener un poco más de libertad y de acceso a materiales para investigar”, opinó.
También aseguró que estas restricciones legales son el principal problema, ya que sí se cuenta con personas capacitadas para la investigación del cannabis desde lo agronómico, genético y de producción.
Sobre los trámites burocráticos de autorización, la coordinadora del PROINCUMEC argumentó que la tenencia libre de cannabis no es legal en Paraguay, por lo que los requisitos son muy rigurosos.
Pacientes, entre el alto costo y la criminalización
En marzo de 2021 fue publicada la resolución que reglamenta los lineamientos para el registro de profesionales médicos y pacientes beneficiarios del PROINCUMEC. A la fecha, se encuentran registrados 93 pacientes: 90 con diagnóstico de epilepsia refractaria y 3 de esclerosis múltiple.
Estas dos patologías son las únicas reconocidas por el programa para la utilización del cannabis medicinal como tratamiento alternativo y solo estos pacientes registrados pueden recibir el aceite gratuito que los licenciatarios deben donar por ley (hasta el 2% de la producción). El Ministerio de Salud explica que sobre estas enfermedades existe evidencia científica de la eficacia del cannabis en su tratamiento.
Para pacientes y activistas, la lista es muy restrictiva y no pueden esperar a que se destraben las investigaciones. Mamá Cultiva es una organización de madres de pacientes que impulsa el uso del cannabis medicinal mediante el autocultivo. Su presidenta, Cynthia Farina, alega que en su experiencia existen más enfermedades cuyas dolencias pueden aliviarse con el aceite de cannabis.
En Mamá Cultiva hay pacientes con epilepsia, cáncer, autismo, esclerosis tuberosa, hipertensión, Alzheimer, mal de Parkinson, lupus, fibromialgia, artritis reumatoide, depresión, ansiedad, pánico, insomnio, migraña crónica, síndrome de Tourette y con dolor crónico en general. A muchos de estos pacientes, el programa estatal no cubre hasta ahora, por lo que el autocultivo es la vía más efectiva. El aceite de cannabis producido por farmacéuticas tiene aún un costo alto.
Sin embargo, en Paraguay, el autocultivo de cannabis sigue siendo un crimen. “La ley 1.340 penaliza el cultivo en el hogar, y es a través de esta ley que nosotras seguimos siendo criminalizadas. Podemos llevar 10 a 20 años de cárcel por esto”, comentó Cynthia.
Sobre la criminalización de la producción de aceite de cannabis artesanal, un caso mediatizado es el de Edgar Martínez Sacoman, activista condenado en 2016 y con arresto domiciliario desde finales de 2019.
Otro caso es el de Granja Madre. La SENAD allanó el lugar en mayo de 2021 e imputó a Juan Carlos Cabezudo, productor de cannabis medicinal. El 9 de marzo de este año fue sobreseído provisionalmente.
Otra asociación que lucha por el acceso al aceite de cannabis medicinal es la Asociación de Padres de Cannabis Medicinal Paraguay (CAMEDPAR). En ella se congregan padres y madres que tienen hijos con epilepsia refractaria. Trabajan cercanamente con el PROINCUMEC y son pacientes autorizados para ser parte del programa. Ellos optan por productos elaborados en laboratorio.
Sally Noguera, miembro de CAMEDPAR, explicó a Ciencia del Sur que confían en el trabajo de profesionales que preparan el aceite. “La concentración del CBD puede no ser la misma que en el autocultivo, pero nosotros consideramos que sí es la justa que debe recibir, porque se hace bajo prescripción médica. Tenés un listado de cuáles pueden ser las contraindicaciones, tenés un laboratorio a quien reclamar si algo le pasa a tu paciente”.
Ambas voceras de estas organizaciones reconocen que sigue siendo difícil el acceso al aceite debido a los altos costos del producto y teniendo en cuenta que el paciente, a la par, debe comprar otros medicamentos.
Cultivos legales pendientes
Hasta la fecha, Paraguay no cuenta con producción legal de aceite de cannabis medicinal a partir de un cultivo nacional; toda la materia prima es importada.
Existen 12 empresas que cuentan con la licencia para producir el aceite, pero solo 3 de ellas están importando la materia prima y comercializando el producto final. “Si es que las otras empresas, en el transcurso de este año, no realizan ningún tipo de producción, la licencia se les retirará”, explicó la coordinadora del PROINCUMEC.
Los médicos neurólogos o neurocirujanos que quieran incorporarse al registro nacional deben presentar al programa su registro de especialista, su cédula de identidad y completar el formulario que se encuentra en la web de DINAVISA.
Para recibir el aceite medicinal de manera gratuita, los pacientes con epilepsia refractaria y esclerosis múltiple deben completar un formulario, contar con una receta médica autorizada y acercar los documentos al programa, el cual se encuentra ubicado en la DINAVISA (Iturbe y Manuel Dominguez, Asunción).
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Alejandra es reportera en Ciencia del Sur. Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Asunción, se ha desempeñado en distintas área de la comunicación para empresas y organizaciones de la sociedad civil. Fue una de las ganadoras del Premio Nacional de Periodismo Científico de Paraguay en 2019 y en 2022.
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Hola,
Excelente artículo! Soy investigador y me gustaría saber cómo contactar a la Sra Mercedes Da Silva, además deseo conocer si ambas tesis se encuentran en algún repositorio de la universidad o en algún sitio desde donde se puedan descargar.
Gracias de antemano!
Saludos cordiales,
Mandy