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El Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) inició hace unas semanas una acción legal contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por irregularidades en la adjudicación de fondos para proyectos de investigación. Por otra parte, investigadores de la Universidad Nacional de Asunción presentaron un urgimiento de reconsideración sobre sus propuestas. Además, el Instituto Desarrollo (ID) solicitó una rectificación de la «ilegal exclusión» de sus proyectos.

El eje central de las denuncias son resoluciones firmadas por Eduardo Felippo, presidente del Conacyt, presuntamente sin aval técnico y a espaldas del consejo del CONACYT, la máxima autoridad de la institución. El CONACYT se ha llamado al silencio.

El CERI presentó su demanda el pasado 4 de junio ante el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial por el cambio de última hora que realizó el presidente del CONACYT en los proyectos ganadores de la convocatoria 2018 del programa ProCiencia.

Tras dos años de espera, en enero de 2020 finalmente el CONACYT realizó la adjudicación de fondos concursables para proyectos de investigación. En todo momento el proceso fue confuso.

Primeramente, mediante la resolución N° 10/2020, se aprobaron 91 proyectos. En esa ocasión, la Sociedad Científica del Paraguay, miembro del Consejo del CONACYT, aseguró que la lista de proyectos aprobados era errónea. Sin embargo, el CONACYT dijo a Ciencia del Sur que no había errores y todo seguiría igual.

El 4 de febrero, el consejo del CONACYT decidió aprobar 122 proyectos de investigación. Luego, según las denuncias, proyectos que fueron evaluados y aprobados por los pares científicos internacionales y nacionales finalmente no quedaron en la lista final o fueron borrados por la resolución Nº 136/2020 del 1 de abril, firmada por el presidente del CONACYT sin paso previo por el consejo, cuya potestad legal es aprobar o rechazarlos. La resolución redujo a 100 los proyectos adjudicados en la convocatoria de 2018, en los cuales se invertirán US$6,6 millones.

En abril, el CERI solicitó la reconsideración y la revocación de la resolución 136/2020 por desconocer la evaluación técnica previa favorable de los pares investigadores, calificando la medida de “arbitraria exclusión”.

A principios de junio, la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay (ADICIP) ya había criticado al Conacyt por ocultar información sobre el tema e incluir a personas no formadas en ciencias para evaluar o elegir los proyectos de investigación.

La demanda contra Conacyt se presentó a inicios de este mes. (Gentileza)

Repudian secretismo y conflicto de intereses

Dos investigadores de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) también elevaron su voz de protesta mediante un urgimiento al CONACYT. El ingeniero químico Rodrigo Mussi y la veterinaria Luisa Cáceres, ambos de la Facultad de Ciencias Químicas, lamentaron que sus proyectos, que previamente fueron aprobados, hayan quedado fuera, sin justificación técnica.

La irregularidad más grave de todo este proceso es que los miembros del Consejo han procedido a la conformación ad hoc de una nueva Comisión Re-Evaluadora de los proyectos de investigación, por Resolución N°74 de fecha 28 de febrero de 2020, sin justificarse sus criterios de conformación y mucho menos sin considerarse las ‘capacidades y competencias’ de los Consejeros para evaluar un proyecto de investigación, obviando de esta forma el oneroso trabajo de evaluación de casi dos años llevados a cabo por los pares evaluadores internacionales y nacionales”, dijeron en su urgimiento.

La nota, con fecha del 1 de junio, asegura que la Comisión Revisora de Proyectos falta al pliego inicial de bases y condiciones de la convocatoria de ProCiencia 2018, desestimando el acordado veredicto de los pares evaluadores internacionales y nacionales. Además señala que, al fungir varios de sus miembros como jueces y partes, el CONACYT falta a su propio Código de Ética.

“Se observa un contundente conflicto de intereses cuando se adjudican proyectos de investigación donde los consejeros figuran con investigadores o como parte responsables de las instituciones que postulan a los proyectos de investigación. Habiéndonos sometidos estrictamente a los procesos y criterios de selección enunciados en el Pliego Original de Bases y Condiciones de dicha Convocatoria 2018, nos encontramos totalmente vilipendiados ante la irregular e ilegal ‘abrogadora’ Resolución N° 136/2020”, señalaron Cáceres y Mussi.

“Denunciamos contundentemente el proceder arbitrario del presidente del Conacyt y del pleno del Consejo en la conformación del Comité ad hoc y el secretismo o ausencia de criterios de reselección, en su tercera ocasión. Es penoso que en el Paraguay, los investigadores, en lugar de ser promovidos para abocarnos al desarrollo científico y tecnológico en nuestras áreas respectivas de experticia, debamos destinar afanes a este tipo de reclamos, acciones contencioso-administrativas o legales posteriores, ante el proceder injusto, poco ético e irresponsable que resta credibilidad a todo un consejo científico nacional, y tras él a toda una imagen país ante las instituciones internacionales que tenemos asociadas”, criticaron.

En el urgimiento, los investigadores solicitan elevar su pedido de reconsideración al pleno del Consejo del Conacyt para tener la oportunidad del desarrollo justo e imparcial de las propuestas de investigación que realizaron.

El documento también fue enviado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Hacienda y al FONACIDE.

Urgimiento al recurso de reconsideracion PINV18-1085 y PINV18-1151 (1)

Por encima del consejo

Por su parte, el Instituto Desarrollo (ID), que también se vio afectado por los cambios de última hora, aseguró que la actuación del Conacyt es ilegal mediante una nota al mismo.

“Es evidente que la Resolución 136/2020 dictada por el Presidente de CONACYT no se ajusta a lo resuelto por el pleno del Consejo, según consta en el Acta de Reunión Nº 563 y, en consecuencia, tampoco se basa en la evaluación realizada por los pares internacionales y nacionales de los presupuestos de elegibilidad previstos en la Guía de Bases y Condiciones publicada para el mencionado concurso”, dijo Cinthia Fleitas, representante legal de la organización.

Para la abogada, al no estar autorizada por el pleno del Consejo y al no fundarse en lo dispuesto en la Guía de Bases y Condiciones publicada, la decisión de exclusión de 22 proyectos es ilegal por arbitraria y por haber sido dictada sin contar con las atribuciones legales correspondientes.

“La eventual ejecución de la ilegal Resolución 136/2020 y cualquier otra que implica la indebida utilización de fondos de CONACYT que han sido previstos para financiar a la totalidad de las propuestas de proyectos aprobadas implicará la realización de erogaciones ilegales por indebidas, con el consecuente daño que ello generará al CONACYT, en forma directa, y a las entidades que son las legítimas acreedoras de la financiación, tal como ha sido aprobado por el Consejo el 4 de febrero de 2020”, agregó.

ID recordó que tres proyectos suyos “ilegalmente excluidos” involucran a instituciones asociadas de renombre internacional, como el German Institute of Global and Area Studies (GIGA) de Alemania, el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) de Uruguay, así como a economistas de renombre mundial como Alain de Janvry y Elisabeth Sadoulet, profesores de la Universidad de California en Berkeley.

ID solicitó que, en forma inmediata, el CONACYT proceda a disponer que se ejecute lo resuelto por el pleno del Consejo el 4 de febrero en la reunión 563 y, en consecuencia, se proceda al financiamiento de las propuestas presentadas: PINV18-1451, PINV18-1608 y PINV18-980.

“En caso contrario, a los efectos de defender los derechos del Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios, así como de la ciudadanía en general, de que las resoluciones respecto al destino de fondos públicos se dicten de acuerdo a los criterios legales y de que se administren en forma transparente, para los fines establecidos en la ley, nos veremos obligados a preparar las acciones legales de naturaleza administrativa, civil y penal que correspondan”, dijo la nota firmada por Fleitas.

Nota a CONACYT 050620

 

Algunos de los proyectos aprobados y luego rechazados son:

-PIN18-1085: Determinación de Factores de Emisión (FE) del metano (CH4) proveniente de la fermentación entérica del ganado vacuno suplementado en cría extensiva: un aporte a la mejora de las estimaciones de las emisiones del sector ganadero en los inventarios de gases de efecto invernadero (INGEI) del Paraguay.

-PIN18-1151: Determinación de Factores de Emisión (FE) del metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) proveniente del manejo de estiércol y orina del ganado vacuno suplementado en cría extensiva: un aporte a la mejora de las estimaciones de las emisiones del sector ganadero en los inventarios de gases de efecto invernadero (INGEI) del Paraguay.

-PINV18-1451: Impacto de la corrupción en la intención de voto en el Paraguay.

-PINV18-1608: Apoyo a la ciencia, tecnología e innovación: Evaluación del impacto del PRONII.

-PINV18-980: Efectos de las pensiones no contributivas para adultos mayores en situación de pobreza en Paraguay.

Silencio, opacidad y retrasos

Ciencia del Sur pidió una versión oficial del CONACYT sobre la demanda y los urgimientos de los investigadores ya el pasado 11 de junio. Hasta el cierre de edición de este reportaje, la dirección de Comunicación de la institución no ha brindado respuestas.

El problema de comunicación del CONACYT se agudiza cada vez más, ya que las actas de reunión del Consejo aparecen en la página web uno a dos meses después, dificultando el seguimiento y la transparencia. A esto se suma que el CONACYT, pese a la promesa de Felippo, decidió finalmente no transmitir por internet las sesiones del Consejo, cuya composición de minoría científica ha sido cuestionada.

eduardo felippo conacyt
Ing. Eduardo Felippo, actual presidente del Conacyt. (Lili Mendoza/Ciencia del Sur)

 

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