becas juventud discapacidad
Diego Samaniego, ministro de la SENADIS, junto al presidente Horacio Cartes en un acto oficial en diciembre de 2017. (SENADIS)
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Según datos de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), más de 700 mil paraguayos tienen algún tipo de discapacidad. En esta población, como es lógico, se incluye personas que están —o se supone que deberían estar— dentro de la educación primaria, secundaria y universitaria, ya sea pública o privada.

Por otra parte, la mayoría de las personas con discapacidad que conozco son de clase media o de escasos recursos. Es decir, que un número grande de personas con discapacidad lleva con dificultades su educación escolar y universitaria (si es que llegan a ella).

La Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno paraguayo estima que solo el 36% de las personas con discapacidad de 6 a 18 años asisten a algún establecimiento escolar. La condición de discapacidad constituye un importante factor de exclusión del sistema educativo: el 83% de la población con algún tipo de discapacidad no ha superado seis de los nueve años de la educación escolar básica. Apenas el 8% ha realizado algunos años de estudios secundarios y una muy reducida cúspide del 2% ha logrado estudios terciarios.

Cabe aclarar que los siguientes párrafos van dirigidos en especial a las personas de esos grupos y a las políticas que considero están mal implementadas.

En general, las personas con discapacidad de clase alta tienen posibilidades de acceder a tecnología que les permite desenvolverse mejor en nuestro sistema educativo, que de ninguna forma se puede considerar inclusivo. Por ejemplo, la persona ciega de clase alta puede acceder a una computadora portátil Mac, que como mínimo cuesta unos USD $1.000, o la licencia completa del lector de pantalla JAWS, cuyo precio ronda los USD $900.

Así mismo, ciertos productos para personas con discapacidad que para mí son muy necesarios, tienen un alto costo y no están disponibles aún en Paraguay.

Hace unos meses, en mi primer artículo para Ciencia del sur, utilizando mi historia como reflejo social, me había preguntado si los ciegos podían ser científicos.

En un segundo artículo había presentado una investigación sobre la inclusión educativa dentro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. En aquellas columnas tratamos de reflejar la paupérrima situación de la inclusión en la educación universitaria pública. Ni me quiero imaginar cómo estarán las privadas.

Becas Juventud

Todo este preámbulo se debe a que el lunes 15 de enero, la Secretaría Nacional de la Juventud anuncia, con toda pompa, que el programa de becas universitarias que tiene dicha dependencia estatal pasará a estar disponible para personas con discapacidad.

La página de la propia Secretaría dice lo siguiente: “Los jóvenes con discapacidad, quienes cumplen con los requisitos básicos de las Becas Juventud, accederán en forma directa a las ayudas económicas para costear sus estudios”.

Aquí es donde surgen varias preguntas y se corre el peligro de incurrir en discriminación, en populismo, y por qué no, en la ley del menor esfuerzo.

Los costos de estudiar con una discapacidad

¿Cuánto cuesta la educación de una persona con discapacidad? Para responder a esta pregunta, tomaré mi propio ejemplo y el de conocidos míos con discapacidad visual.

Lo primero que debe tener una persona con discapacidad que cursa una carrera universitaria es una computadora personal para poder desarrollar más o menos de forma igualitaria las tareas. Y si es posible, una computadora de media o alta gama.

Si se consigue esto, lo segundo que debería poder tener es un escáner con el que pueda digitalizar —él mismo o con ayuda de algún familiar—  los materiales que se entregan en clases: fotocopias, libros, folletos, etc. Como es de esperarse, no existen materiales accesibles para no videntes dentro de ninguna universidad paraguaya, tanto pública como privada.

Cada profesor ofrece sus materiales y resúmenes, muchas veces de mala calidad. Y muchos de ellos incluso se molestan si uno tiene la osadía de pedirlos en versión digital. Recuerdo que, en la Facultad de Filosofía, días antes de un examen final, un docente nos dio dos libros de muy mala calidad. Por supuesto, no pude digitalizarlos y tuve que depender de otro compañero. Por ese motivo, mi rendimiento no pudo ser el que yo quería y creía que podía ser.

Es decir, hasta aquí la persona con discapacidad debe gastar en copias y libros que no usará con el tiempo, en la computadora, y en el escáner. Y esto por 4 o 5 años, que es en promedio lo que dura una carrera universitaria.

En tercer lugar, y no menos importante, la persona con discapacidad deberá adquirir programas que le permitan digitalizar y leer los documentos que vaya preparando. Los programas en el mercado no son nada baratos, y los gratuitos suelen tener problemas de compatibilidad con los nuevos hardware.

Conste que no estoy tomando en cuenta las inversiones en alimentación y comunicación. Pero con todo lo detallado anteriormente, ya nos podemos imaginar cuánto deberá gastar una persona con discapacidad para su educación universitaria (si pudo terminar la escuela y el colegio pasando por las mismas dificultades, claro está).

Siguiendo el principio de que para acceder a una beca uno debe ser de escasos recursos, ¿considera la Secretaría que una persona con computadora es de escasos recursos?

¿Logro o populismo?

Firma del convenio entre la ministra de la Secretaría de la Juventud, Magalí Cáceres, y el ministro de la SENADIS, Diego Samaniego. (SENADIS)

Por otro lado, el ente estatal muestra como un gran logro que las personas con discapacidad van a tener acceso a becas universitarias. Debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad se vienen integrando al campo educativo hace más de 10 años. Y muchos ya vinieron accediendo a becas dentro de distintos proyectos como el de la Universidad Nacional de Asunción y el programa Erasmus Mundus.

En otros párrafos, la gacetilla de la Secretaría de la Juventud se jacta de cumplir la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. En este punto, solo diré que el cumplimiento de la ley no debe ser un logro ya que es una obligación impuesta justamente porque las propias instituciones no daban los puestos de trabajo correspondientes, por su idoneidad y por el servicio que deben prestar, a las personas con discapacidad.

Entonces, ¿es útil una beca para una persona con discapacidad?

Toda ayuda económica que permita estudiar es realmente útil, más cuando la mayoría de las personas con discapacidad no cuentan con puestos laborales o tienen poca capacitación para desenvolverse en puestos que vayan más allá de la atención telefónica o de auxiliar administrativo.

Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de anunciar que existen becas para personas con discapacidad?

Nuestra propia constitución en su artículo 46 dice lo siguiente: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

Desde 1992 no debió existir ningún tipo de discriminación en ningún campo, y hasta donde yo sé, no existía ni existe una sola ley que impida el acceso a becas a personas con discapacidad. Lo que todavía existe es una barrera mental que hace que las instituciones caigan en el populismo aprovechando el desconocimiento y la necesidad de mucha gente que quiere estudiar.

No te hace un mejor gobierno jactarte de una asistencia que de alguna u otra forma ya se viene dando hace unos años. Te hace un mejor gobierno, y ésto lo aplaudaría sin dudar, crear programas de asistencia completa a personas con discapacidad, desde los primeros años hasta la universidad. De nada sirve dar dinero a la universidad si aún la mayoría de las personas con discapacidad no supera los seis años de educación escolar.

No se debe utilizar la ayuda como populismo electoral o tampoco se debe caer en la creencia de que por tener una discapacidad uno está habilitado a recibir algo para lo cual no está preparado. El Estado no debe olvidar que, para que la ayuda económica sea útil, se deben promover políticas transversales de forma que la persona con discapacidad no gaste en vano y tenga las suficientes tecnologías y recursos dentro del Estado para desarrollarse intelectualmente desde los primeros años, o también si la discapacidad se adquiere en un punto a lo largo de la vida.

Las políticas públicas en cuanto a la educación y tratamiento de alumnos con discapacidad no pueden compararse en costos a la educación de la población en general. Como sociedad, no debemos caer en el simple asistencialismo o en la obligación de otorgar algo que por preparación no todos merecen.

Las personas con discapacidad deseamos tener los mismos derechos y obligaciones, no migajas electorales que, al fin y al cabo, no fomentan el pensamiento crítico ni la ciencia. No se debe regalar ni becas ni puestos de trabajos. Se debe regalar libros, impresoras brailles, tecnologías accesibles y acompañamiento total, así como capacitación docento.

 

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Columnista de Ciencia del Sur de humanidades, inclusión social y comunicación. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Joven investigador de la Universidad Nacional de Asunción (2013 y 2014).
Joven sobresaliente distinguido por la Municipalidad de Asunción (2014).
Community Manager y redactor digital independiente.

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