La necesidad de construir rutas en un país que precisa con urgencia impulsar su desarrollo económico y social es una verdad que nadie puede cuestionar. La extensión de los caminos que conforman la red vial del Paraguay es insuficiente para satisfacer las demandas de la población.
Según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la red vial del Paraguay cuenta con 78.811 kilómetros de longitud, de los cuales solo 8.573 kilómetros están pavimentados, es decir, solo el 10,88 % del total. Cuenta además con 1.246 kilómetros de empedrados (1,58 %) y 68.991,37 kilómetros de rutas de tierra y enripiadas (87,54 %). (MOPC, 2020)
Si a esta carencia también le sumamos los problemas que se generan por la falta de conservación de la red vial ya existente, nos encontramos ante un sinnúmero de dificultades que son fáciles de percibir.
Dentro de los problemas ocasionados por la falta de conservación y mantenimiento de los caminos, también debe considerarse el mal estado en que se encuentran varios puentes que comprometen el transporte de cargas y la seguridad de los usuarios que utilizan estas obras para su desplazamiento.
Por esta razón, el MOPC se ha comprometido a mejorar 20.000 metros lineales de puentes de madera, que requieren ser sustituidos por estructuras de hormigón. La inversión necesaria para el mejoramiento estructural de estos puentes demandará una inversión de aproximadamente USD 250 millones.
La falta de conservación de los caminos trae consigo una serie de inconvenientes entre los que se puede citar: generación de mayor cantidad de accidentes con saldos mortales, pérdida del patrimonio vial del país, deterioro acelerado de los vehículos del parque automotor con los consecuentes aumentos de costos de operación, efectos negativos en el medio ambiente, demoras e incomodidades en los tiempos de viaje y aumento de costos en la producción de bienes y servicios.
Según un reporte del Foro Económico Mundial, nuestro país se encuentra entre los más atrasados, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la extensión de las carreteras. Paraguay ocupa el puesto 127 de entre 141 países del mundo y 19 entre 22 países de América (datos de diciembre de 2019), siendo el peor Haití, que ha sufrido un devastador terremoto en agosto de 2021.
El Foro, al cual se hace mención, es una fundación sin fines de lucro que está constituida por técnicos del FMI, Banco Mundial y principales líderes empresariales. Estos datos confirman la perentoria necesidad de construir nuevas carreteras en nuestro territorio y mejorar la calidad de las mismas.
Problemas mayores
El estado en que se encuentran nuestras rutas debe ser motivo de preocupación para todos, ya que en la medida que se postergan los trabajos de mantenimiento, mayores serán los problemas que se deriven por la falta de intervención.
Pero el déficit que padece Paraguay no solo se circunscribe a los obstáculos antes mencionados, sino que además existen varios otros factores que inciden desfavorablemente sobre el nivel de calidad que debería tener nuestra infraestructura vial.
El aumento cada vez mayor del parque automotor representa también un gran problema no menos importante, si es que se considera que este crecimiento no fue acompañado por la construcción de nuevas carreteras.
Aunque la falta de recursos podría ser uno de los motivos para no construir nuevas carreteras y no realizar las operaciones adecuadas de conservación o mantenimiento, tampoco es menos cierto que se hace necesario contar con una buena política vial que apunte a lograr objetivos bien definidos que garanticen las mejores condiciones de servicio para los usuarios que necesitan transitar por las rutas.
Según el MOPC, las malas condiciones en que se encuentran las rutas obligan a destinar millonarios recursos en mantenimiento de la red vial, requiriéndose para ello USD 100 millones al año.
Estas informaciones revelan con elocuencia, que es necesario y urgente implementar una política vial eficiente a fin de reducir el déficit en la infraestructura vial. Pero para que esto sea posible, se debe crear un programa integral en el cual se involucre a varias de las instituciones del Estado que deberían trabajar de un modo coordinado.
En ese plan se debe establecer objetivos concretos y pautas bien claras que contemplen la participación de un equipo multidisciplinario, entre los que podrían formar parte por ejemplo, los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, de Agricultura, de Hacienda, de Industria y Comercio y de Salud. Pero también conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística (ex DGEEC), la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tampoco se debe olvidar la necesidad de incluir en este plan al Ministerio de Educación y Ciencias que debería implementar una política de Seguridad Vial en las instituciones de enseñanza pública, ya que los accidentes de tránsito constituyen una verdadera epidemia poco atendida en el Paraguay. De fundamental importancia será la elaboración de cronogramas, que tendrán como fin establecer el tiempo en que deberán desarrollarse cada una de las fases del programa.
Para poner en marcha este ambicioso plan, se deberá partir de un inventario actualizado de las rutas que conforman la red vial nacional, el cual estará a cargo del MOPC.
Con la obtención de los datos que surjan de ese inventario, y en la medida que avancen los trabajos de relevamiento de la red vial, será posible recurrir al Ministerio de Agricultura y a la Secretaría Técnica de Planificación, para que de manera conjunta se fijen las prioridades para construir nuevas rutas y/o conservar las existentes que necesitan con urgencia ser intervenidas.
Estas informaciones permitirán elaborar un presupuesto tentativo que podrá ponerse a consideración del Ministerio de Hacienda con el fin de ver si esta dependencia podría contar con los recursos necesarios para poner en ejecución el plan propuesto.
Si es que el MOPC solo procede a elaborar un plan o programa de gestión vial desconociendo las prioridades en materia de desarrollo económico en acuerdo con las otras instituciones del Estado, corre el riesgo de mal utilizar los escasos recursos financieros de los que podría disponer.
Si no se tiene información sobre los proyectos de desarrollo que están siendo elaborados por los Ministerios de Agricultura o de Industria y Comercio, será difícil establecer con toda eficiencia las prioridades que deberían considerarse para construir las rutas o conservarlas debidamente.
El MOPC no posee estudios de factibilidad técnico-económico de todas las zonas donde no existen caminos; tampoco tiene conocimiento de si algunos de los caminos existentes que requieren conservación, deben ser postergados teniendo en cuenta que no son prioritarios, desde el punto de vista de los proyectos económicos. La solución no parece ser tan sencilla; pues, antes de construir o conservar las rutas que realmente son necesarias, desde el punto de vista ingenieril, debería conocerse sobre los recursos económicos de los que se dispone.
Después de todo, por algo se debe comenzar, pues es de fundamental importancia que lo más pronto posible el Estado empiece a arbitrar los medios para llevar a cabo una política vial eficiente que apunte a mejorar la calidad de nuestra infraestructura vial.
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Abel Riquelme Esteche
Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Asunción, especializado en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión por el CEPADES. Fue jefe de la División de Licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 1994-1998 y, una vez retirado de esta institución, participó en el sector privado como analista de costos en varias empresas dedicadas a obras de infraestructuras. También fue fiscal de obras en varios proyectos de ingeniería, destacándose en 2013 en la fiscalización de la Costanera de Asunción (Parte I).
