A pesar de que investigar el cannabis es legal en Paraguay desde 2017, conseguirlo es extremadamente difícil para los científicos, incluso aquellos respaldados por la principal universidad del país, que está autorizada por ley para cultivar la planta con esos fines. Esto ocurre porque, por un lado, la institución encargada de fomentar su investigación se desentiende de cualquier estudio que no sean ensayos clínicos con productos farmacéuticos, y por el otro, las autoridades antidrogas sospechan que la planta podría terminar en las manos incorrectas. El miedo paraliza a los científicos y a la ciencia del cannabis en Paraguay.
Paradójicamente, las barreras para la investigación aplicada del cannabis en biología, biotecnología, agronomía y medicina –y otras aplicaciones de la ciencia–, vienen de las autoridades encargadas de regular su estudio: el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC) y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El cannabis en Paraguay tiene una enredada reglamentación y ausencia de protocolos claros, que para la ciencia son indispensables. Algunos de los científicos con más tesón del país no avanzan por las excusas burocráticas.
Desde la última década y media, laboratorios y universidades públicas y privadas de todo el mundo estudian el cannabis por sus aplicaciones médicas y por su potencial económico. La industria del cannabis global ha crecido en sectores como alimentación, textiles, materiales de construcción o en la industria farmacéutica. Solo en Estados Unidos se prevé que el ingreso en el mercado del cannabis medicinal y de uso recreativo alcance los USD 38.400 millones este año.
Desde la flexibilización legal del uso de cannabis en el mundo, los científicos –que durante la prohibición estaban impedidos de acceder a muestras de cannabis– han tenido la oportunidad de investigar esta planta y desarrollar fármacos o derivados industriales. Ese acceso para los científicos en Paraguay, a pesar de una ley y la raigambre cultural de la planta, no se ha podido lograr aún. Un ejemplo paradigmático es el del biotecnólogo Jorge Jara de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que padeció dos años de burocracia estatal para conseguir apenas dos gramos de flores de cannabis. Su caso no es el único.
«Nos estamos perdiendo de mucho»
“Está muy bien que instituciones gubernamentales regulen, pero muchas veces estas regulaciones entorpecen las investigaciones que se intentan realizar”, relata el ingeniero agrónomo Antonio Samudio, investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de la UNA. Samudio forma parte del grupo de investigadores de la instituciones que trabajan, o pretenden trabajar, con esta especie vegetal.
“Siguen los inconvenientes a pesar de la ley para la investigación científica del cannabis. Además, decretos y resoluciones nos habilitan como centro de investigación de la UNA a investigar con cannabis, pero hasta ahora hay trabas”, enumeró Samudio. Los investigadores recorren el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero los expedientes “no avanzan”, explica el bioquímico Héctor Nakayama, otro destacado investigador del CEMIT.
Las entidades gubernamentales que regulan quién accede o no a cannabis para investigar —y cómo— buscan ser jueces y partes a la vez. “Somos uno de los centros de investigación de referencia, de la UNA, una de las [universidades] más prestigiosas del país. Si nosotros tenemos inconvenientes [para acceder a la planta] imagínense el resto”, se lamenta Samudio. “A nivel internacional hay muchas investigaciones, y en Paraguay, por las restricciones y la alta burocracia, prácticamente la investigación es nula”.
Cruzando el Puente de La Amistad, que separa el este de Paraguay con Brasil, existe el Laboratorio de Cannabis Medicinal y Ciencia Psicodélica de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Su coordinador, Francisney Pinto do Nascimento, dice que en Brasil no existe una entidad que regule la investigación de los científicos sobre cannabis.
Explica que los investigadores en Brasil trabajan de forma autónoma, estudiando aplicaciones terapéuticas alternativas de plantas, hongos y sus derivados. Sus comités de ética no tienen en cuenta la legalidad o ilegalidad de una sustancia sino que se centran en los beneficios.
”A este comité no le interesa si esta sustancia es prohibida o no”, afirma. “Somos un grupo que investiga el potencial terapéutico del cannabis en dolencias neurológicas, psiquiátricas y también dermatológicas, fibromialgia, alzheimer, autismo o traumatismo craneoencefálico”, explicó.
Para Samudio, del CEMIT, Paraguay está perdiendo la oportunidad de conocer los beneficios del cannabis. “El cannabis tiene mucha potencialidad a nivel industrial”, opina. En su laboratorio de San Lorenzo, a media hora de Asunción, investiga biorremediación, es decir, cómo ciertos organismos colaboran en recuperar recursos naturales degradados, tales como el suelo. “El cannabis también está reportado como una especie biorremediadora”, dice.
Varios estudios evidencian el potencial del cannabis para descontaminar el suelo, absorber metales pesados como cadmio, litio y plomo. Samudio dice que esa propiedad y otras como “el uso medicinal, terapéutico y la calma para enfermedades” deben ser validadas por centros de investigación paraguayos. “Creo que nos estamos perdiendo de mucho”, concluye.
Cuando la realidad choca con la ley
Parte del enredo burocrático de investigar el cannabis en Paraguay se debe a la clasificación arbitraria que las reglamentaciones nacionales e internacionales hacen de la planta. La ley y los decretos distinguen entre cannabis psicoactivo (marihuana) y no psicoactivo (cannabis industrial o cáñamo), pero también el cannabis medicinal, que puede ser tanto marihuana como cáñamo. El uso recreativo de la marihuana está prohibido; solo se permite su uso medicinal y científico en ciertos casos.
El cáñamo o cannabis industrial es una variedad de la planta ínfimamente baja en tetrahidrocannabinol (THC, el principio psicoactivo) y rica en cannabidiol (CBD, sin efecto psicoactivo). Se fabrican polímeros de su tallo y alimentos de su semilla; su flor también es apreciada para hacer aceites o fumar. Es un bien codiciado por la industria cosmética, alimenticia y también la farmacéutica global.
Se consume legalmente de manera recreativa en varios países, incluyendo Paraguay, donde se comercializa en grandes centros comerciales de Gran Asunción, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. En estas tiendas cannábicas –o “cannashops”– se venden libremente un sinfín de productos recreativos como cigarrillos armados y electrónicos, aceites y esencias de CBD.
El CBD produce un efecto relajante y tiene diversas aplicaciones terapéuticas probadas, pero no es el único componente con aplicación medicinal de la planta.
El cannabis tiene más de 100 principios activos. Los más conocidos con potencial médico e industrial son el THC y CBD, pero existen otros como el cannabinol (CBN), el cannabicromeno (CBC), el cannabiciclol (CBL), o el cannabigerol (CBG), además de terpenos y flavonoides.
La diversidad de estos componentes en la planta interactúan para producir el efecto “entourage” o efecto séquito: la combinación entre los principios activos conllevan distintos efectos terapéuticos. El desarrollo de la ciencia en el mundo está abocado al estudio y aplicación de muchos de estos compuestos, cuyas propiedades todavía están por descubrirse.
El THC es el cannabinoide más estudiado. Tiene milenarios usos medicinales, y muchos han sido avalados por la ciencia recientemente. En el mundo, el THC ha sido investigado y es recomendado para aplacar los síntomas de decenas de patologías, síndromes y enfermedades como dolor crónico, quimioterapia, anorexia, síndrome del colon irritable, epilepsia, espasticidad y Parkinson, entre muchos otros. En Paraguay su uso medicinal es avalado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), pero solamente en dos casos: epilepsia refractaria y esclerosis múltiple.
Con recelos y evasiones, no hay ciencia
La ley de investigación científica y aplicación médica del cannabis estipula que DINAVISA, a través del PROINCUMEC, autoriza proyectos de investigación con fines médicos y científicos a centros públicos, privados o mixtos, del cannabis o sus derivados. Sin embargo, para Hernán Rodriguez, médico y director del PROINCUMEC, solo puede autorizar ensayos clínicos con productos farmacéuticos. “La planta o sus derivados no se ven aquí” dijo en entrevista con Ciencia del Sur.
Al principio de la conversación, Rodríguez aseguró que en Paraguay no es posible la investigación del cannabis ni de sus derivados no industriales con fines medicinales, ya que su composición no está determinada y no se pueden dosificar. Rodríguez explicó que DINAVISA regula productos de la industria farmacéutica y no en investigación botánica o fitoquímica.
“La botánica, la agronomía y otras áreas difieren de nuestra institución”, dijo el director. “La DINAVISA es la agencia regulatoria de medicamentos y cosméticos”. Rodríguez sugirió que el investigador de cannabis “tiene que ajustarse a otras instituciones, no tanto a la DINAVISA”.
Pero la ley es clara en la responsabilidad del PROINCUMEC. “Yo leo la ley y esa es mi ley. O sea, es por la que me tengo que regir”, comentó el biotecnólogo Jorge Jara que tuvo que luchar por cuatro semestres para conseguir dos gramos de cáñamo para su tesis, y no los obtuvo del PROINCUMEC.
Hace siete años que el programa para la investigación científica del cannabis por ley debe fomentar la ciencia sobre el cannabis, pero cumple un rol pasivo. Se limita a esperar que los investigadores presenten proyectos. Por eso no existen investigaciones científicas aprobadas por DINAVISA.
¿Investigar con la policía antidrogas?
¿Qué debe hacer un científico que desee investigar, por ejemplo, los componentes de la planta, no de un producto farmacéutico, con fines medicinales?
Cerradas las puertas de DINAVISA y PROINCUMEC, queda la SENAD, según la ley. La institución antidrogas se involucra en la asesoría jurídica y el control de los cultivos de cannabis para asegurar que estos sean utilizados solo en investigación o en industrialización. Por lo menos, así lo afirma Jorge Velázquez, jefe del Departamento de Control de Cáñamo y Cannabis de la SENAD.
En 2020, el director del laboratorio forense de la SENAD, Mario Ricardo Galeano, accedió a 7 kg de cannabis incautado para analizar en su tesis de maestría “Evaluación biológica y fitoquímica del extracto etanólico de cannabis sativa l. sobre hongos fitopatógenos de importancia agrícola». Jorge Velázquez firmó en 2020 el permiso para liberar ese cannabis, y en 2022, la SENAD informó sobre otro investigador que accedió a cannabis incautado para investigar.
Más allá de estos dos casos, no existe un protocolo en la SENAD para acceder a la materia vegetal, explicó Velázquez. Dijo desconocer si existe tal permiso en otra institución. Los investigadores que deseen usar marihuana incautada pueden presentar un proyecto al Ministerio Público, dijo. “Porque vas a utilizar prueba o evidencia. La SENAD actúa como guardia de una causa y las evidencias son de esa causa”, advirtió.
Galeano comentó a Ciencia del Sur que la SENAD lo apoyó. “La institución me dio el respaldo para trabajar. Hay otros investigadores que quieren trabajar, pero conseguir las muestras es complicado. Para trabajar con esas muestras se hizo un proceso jurídico, permisos, fue mucha burocracia documental”, recuerda.
“Las trabas para acceder al cannabis psicoactivo incautado se deben a que la planta no está liberada totalmente y la SENAD teme que sea utilizada de forma ilegal, para venta o consumo recreativo”, dijo Velázquez. «Se tiene miedo (que) las evidencias se utilicen para otras cosas», opinó el funcionario.
Esta sospecha, en forma de expediente evasivo, es una dificultad infranqueable para las ciencias. Hoy en día, no hay institución estatal en Paraguay que se haga cargo, con un procedimiento claro, de autorizar y proveer cannabis para su estudio. Varios investigadores muestran su genuino interés por conocer la cannabis desde los prismas del método científico pero las instituciones, por miedo y sin fundamento, cierran la barrera.
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Por Alejandra Sosa y María Belén Galeano
Edición de Daniel Duarte y Guillermo Garat
Este artículo hace parte de la serie de tres publicaciones y videos gracias al Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo de Colombia. Podés leer la primera parte aquí y la tercera parte aquí.
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Alejandra es reportera en Ciencia del Sur. Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Asunción, se ha desempeñado en distintas área de la comunicación para empresas y organizaciones de la sociedad civil. Fue una de las ganadoras del Premio Nacional de Periodismo Científico de Paraguay en 2019 y en 2022. Forma parte de la Red LATAM de jóvenes periodistas, iniciativa de Factual y Distintas Latitudes.
Licenciada en ciencias de la comunicación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción periodista independiente. Cuenta con experiencia en comunicación institucional para universidades y organizaciones no gubernamentales científicas y de sostenibilidad, y en análisis de datos para periodismo y proyectos independientes. Ganadora del primer puesto en categoría universitaria del IV Concurso de Periodismo Científico del MERCOSUR 2021 y de una mención especial del Premio Nacional de Periodismo Científico 2022.
Cofundador y editor general de Ciencia del Sur. Comunicador, docente universitario, traductor y divulgador, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Asunción y ciencias de la computación en la Universidad París XI. Ha sido reportero y editor de portales de noticias latinoamericanos en español e inglés.
