ley del investigador científico de paraguay
Sebastián García preside la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados desde 2018. (Foto: Cámara de Diputados)
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En esta serie de tres reportajes, Ciencia del Sur examina uno de los pilares del sistema nacional de ciencia en Paraguay, el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII). La primera entrega describió su estructura e historia; la segunda evaluó el alcance de sus objetivos y expuso críticas desde la óptica de sus propios beneficiarios; y esta tercera analiza el proyecto de Ley del Investigador Científico como el siguiente paso para el desarrollo y consolidación de la carrera científica en Paraguay.

En junio de 2020 ingresó en la Cámara de Diputados de Paraguay el proyecto de ley “Del Investigador Científico”, el cual busca crear un Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que formalice la profesión y ofrezca un marco normativo sobre los derechos y deberes de las y los investigadores. No obstante, no existe unanimidad de criterios entre investigadores e instituciones, y escasea la voluntad política para llegar a su promulgación.

El proyecto fue impulsado por el diputado Sebastián García y acompañado por sus colegas Kattya González, Antonio Buzarquis, Carlos Lopez, Emilio Pavón, Justo Zacarías, Carlos Núñez Salinas, Enrique Mineur y Rodrigo Blanco. En septiembre del año pasado se inició el estudio de esta propuesta con la conformación de mesas técnicas, y el proyecto aún sigue en espera de dictámenes en las tres comisiones donde se encuentra estancada.

Una de ellas es la de Ciencia y Tecnología, presidida por el proyectista García. Consultado por Ciencia del Sur a través de su oficina, el mismo no respondió a nuestros pedidos de información sobre si seguirá impulsando su propio proyecto. El director de la comisión, el funcionario Ruffino Palmerola, aseguró que buscarán dar un dictamen para elevar su tratamiento al pleno de la Cámara.

El proyecto

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El documento de 14 artículos, más que detallar los componentes o la financiación del SNI, enumera conceptos básicos, deberes y obligaciones tanto de instituciones como individuos.

Por ejemplo, define al investigador nacional como la persona que “lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos científicos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación, por medio de la aplicación del método científico”. Establece que el investigador podrá estar vinculado o no a alguna institución o universidad.

En los artículos 7 y 8 se definen los derechos y deberes que se reconocen en esta profesión. Establece, sin ahondar, un sistema de selección, evaluación y categorización de los investigadores, similar al del PRONII, con “al menos cuatro niveles”.

Así también, el proyecto de ley enumera las responsabilidades de las instituciones que incorporan a su plantel a los investigadores y busca fomentar su desarrollo profesional.

La financiación del SNI no se estipula claramente. Sin embargo, el documento menciona la participación de los investigadores en proyectos con fondos estatales y define quiénes podrán ser agentes de ejecución con dichos fondos.

Esta versión también ordena la difusión de las publicaciones científicas financiadas con recursos públicos en repositorios de acceso abierto, de los datos que se puedan recolectar en las investigaciones, y el fomento de una cultura científica y tecnológica.

Posturas encontradas

Cinco instituciones han enviado formalmente pareceres a la Comisión de Ciencia y Tecnología, según su portal. Tres de ellas aprueban el proyecto en su redacción original o con pequeñas modificaciones: la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de la UNA y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP).

Dos de ellas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), son más críticas en diversos puntos.

El CONACYT transmitió en febrero de 2021 consideraciones enviadas por miembros de su consejo y por la Comisión Científica Honoraria del PRONII.

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Una de las críticas refiere que el marco legal del SNI es “muy profusa, sus alcances podrían ser parte de una reglamentación posterior a su aprobación, dándole una mayor flexibilidad y respondiendo a las necesidades de ajuste […] Además, algunos artículos se parecen más a políticas de CTI, que podrían generar confusión en su aplicación”.

También señala la falta de claridad de términos y entidades, incluso la autorreferencia en la definición de investigador, por lo que recomienda un glosario de términos.

Otros puntos se refieren a la falta de incentivos fiscales para la investigación, contradicciones con respecto a regímenes jubilatorios e incentivos, la inclusión de los Comités de Ética de investigación, precisar que las instituciones gestionan las finanzas de los proyectos, no el investigador, y que el mandato de hacer públicas digitalmente las publicaciones financiadas con fondos estatales podría entrar en conflicto con las políticas de copyright de las revistas académicas.

La UNVES, por su parte, rechaza que la ley sea aplicada a las universidades por inconstitucional: “… se recomienda que la propuesta de ley sea de exclusiva aplicación en el CONACYT o entidades públicas y privadas que reciban directa financiación del sector público pero que no gocen de la autonomía universitaria establecida en la Constitución de la República” concluye la Dirección General Académica, Investigación y Extensión y la Asesoría Jurídica en un informe de octubre de 2021.

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Preocupaciones de investigadores

En conversación con Ciencia del Sur, diferentes investigadores reconocieron la necesidad y urgencia de una ley con estos objetivos. Sin embargo, aún existen dudas y diferencias en cuanto a lo que propone concretamente.

María Rosa Servín, investigadora de la Universidad Nacional de Itapúa (Foto: LinkedIn).

María Rosa Servín, docente de la Universidad Nacional de Itapúa, explicó que esta ley permitirá uniformizar el trabajo del investigador, proteger sus derechos y dar una estructura sobre la cual moverse. Además, invitó a apoyar los trabajos previos a su tratamiento y promulgación.

Explicó que si bien esta ley y el PRONII se parecen, no tienen las mismas funciones y objetivos. La ley incorporaría la protección social y el reconocimiento de la investigación como una profesión más.

Para Carlos Méndez, investigador y docente en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNA, aún es necesario afianzar la propuesta y mejorar el proyecto inicial. Opinó que hay muchos puntos del documento que serían interesantes que se sigan debatiendo.

La FCQ revisará el proyecto de ley para enviar una contrapropuesta, explicó. Esta iniciativa sigue en proceso.

Una de las dudas entre los investigadores de la FCQ es quién será el ente encargado del SNI. El proyecto de ley, en su artículo 8, menciona implícitamente que este sistema será coordinado por el mismo organismo nacional que hoy dirige el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay: el CONACYT.

Para Méndez, se necesita generar un canal para vincular al SNI con otras instituciones del gobierno, un espacio para poder dar opiniones fundamentadas que fomente la toma de decisiones en beneficio de todo el país.

“Si esa ley, redactada de la mejor manera posible, nos ayuda a generar datos, a diferenciar a los investigadores y a identificar aquellas áreas donde más tenemos que invertir, yo creo que va a ser beneficioso”, puntualizó.

¿Falta de representación?

Algunos investigadores opinaron que el proyecto de ley no contempla atribuciones para todos ellos. La doctora en ciencias médicas, Florencia del Puerto, manifestó su crítica ante la falta de incorporación total de los investigadores en los primeros dos niveles de categorización.

El punto que más conflictos genera es el inciso 2 del artículo 13, el cual limita a los investigadores de los dos niveles superiores la posibilidad de ser agentes de ejecución de fondos provenientes de la administración pública.

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Dra. Florencia del Puerto (Foto: CVPy)

La docente investigadora expuso que debe incluirse al nivel 1, ya que en esa categoría también se debe contar con la capacidad de gestión de proyectos y experiencia en el manejo de fondos —esto teniendo en cuenta los criterios de categorización que ya existen en el PRONII—.

Con esto concuerda Sebastián Grillo, actual investigador de la Universidad Autónoma de Asunción. “En teoría, los PRONII nivel 1 ya son investigadores independientes. Entonces, [en el SNI] los están forzando a ser dependientes de los investigadores de nivel 2 y 3”, argumentó. En esto también concuerda el parecer enviado por el CEMIT.

Ambos investigadores expresaron que faltó la socialización del proyecto con más investigadores. Con respecto a esto, Fátima Mereles, vicepresidenta de la SCP, comentó que la sociedad organizó una actividad para debatir el proyecto con invitación abierta. También mencionó que todavía hay oportunidad para revisar el proyecto y agregar las sugerencias de más investigadores. “Nada está cerrado mientras la ley no salga”, aseguró Mereles.

Dra. Inocencia Peralta, bioquímica (Foto: Gentileza).

Para la bioquímica Inocencia Peralta, exdirectora de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA, es necesario escuchar y hacer partícipes a los investigadores que están iniciando, con el objetivo de fortalecerlos. La ley tiene que favorecer al cimiento que sostiene a los investigadores de los últimos dos niveles, “tiene que propiciar que los que estén abajo suban porque tiene que haber un recambio”, argumentó.

Por su parte, el investigador y doctor en ciencias de la computación Pastor Pérez Estigarribia teme que este proyecto agregue barreras a quienes se inician como investigadores. “La actividad de investigación implica demasiado esfuerzo, sobre todo en etapas iniciales, y una ley que establezca obligaciones o trabas puede tener un resultado opuesto al que se desea generar”.

La responsabilidad de las universidades

Un punto de encuentro entre los distintos investigadores consultados es la necesidad de poner en el foco la transformación de la educación superior. No se puede hablar de progreso en las ciencias sin hablar de educación.

Christian Schaerer, doctor en ingeniería eléctrica e investigador nivel III del PRONNI, insistió con la urgencia de impulsar esta transformación. “¿Estamos discutiendo cómo Paraguay va a liderar líneas de investigación y cómo los chicos van a querer venir a estudiar acá porque las universidades son brillantes? No”, problematizó.

Camilo Caballero, doctorando en ciencias sociales, también consideró que se debe apuntar al compromiso de las universidades. Para él, un sistema de educación que impulse la investigación en el país y produzca más investigadores es uno de los pilares que continúa ausente.

Considerar a la educación universitaria como un generador de conocimiento es una mirada que aún no se establece en el país, cuestionó Pastor Perez.

Charla del profesor Pastor Pérez-Estigarribia, durante un webinario organizado por Ciencia del Sur.

“Se deben encontrar mecanismos para articular con las instituciones estatales relacionadas a la educación universitaria porque esta no funciona solo para proporcionar conocimiento a los estudiantes, sino también para que los estudiantes y docentes generen y desarrollen conocimiento”, dijo.

Una estrategia a la cual se debería apostar, para Inocencia Peralta, es al fortalecimiento de las mentorías. La investigadora mencionó que para las evaluaciones del PRONII ya se reconocen las tutorías de posgrado que los investigadores realizan.

“Tenemos que gestionar que la masa crítica en nuestro país crezca. Que haya cada vez más investigadores y que, cuando uno se retire, quede un grupo de gente trabajando esa misma línea de investigación, que no muera porque un científico se va”.

El investigador Schaerer opinó que el modelo de educación paraguayo ya no funciona. Con ello también se refirió al modelo de evaluación que realizan la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) e, incluso, mencionó al propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Fijate hasta qué punto hemos llegado. Nosotros hemos enviado a muchos chicos a estudiar a las mejores universidades del mundo pero vuelven y no tienen cómo ejercer. ¿Para qué les enviamos? Tienen miles de problemas con sus diplomas, títulos, concursos, porque tienen que pagar derecho de piso. Entonces, ¿para qué les enviamos? ¿Para qué formamos recursos humanos?”, cuestionó.

Un sueño largamente acariciado

Los investigadores que conversaron con Ciencia del Sur consideran la promulgación de un marco normativo para su profesión como una necesidad urgente. Asimismo, reconocen que se necesitan más herramientas, estrategias eficientes y un ajuste a las políticas de ciencias del país para que esta ley pueda sentar las bases de la carrera científica.

“De acá a cinco años, hay que hacer una retroalimentación y ver si funcionó, si se posicionan mejor las universidades, si aumentaron las publicaciones. Ese tipo de métricas son fáciles de evaluar para poder mejorar”, expresó Méndez.

Una ley del investigador científico es una deuda pendiente con la comunidad científica y con Paraguay en general. Sin embargo, deberá ir acompañada del compromiso de las autoridades para que la carrera científica despegue.

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Alejandra es reportera junior en Ciencia del Sur. Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Asunción, se desempeñó en distintas área de la comunicación para empresas y organizaciones internacionales. Fue una de las ganadoras del IX Premio Nacional de Periodismo Científico en 2019.

Editor general de Ciencia del Sur. Docente universitario, traductor y divulgador, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Asunción. También edita y traduce para portales de noticias latinoamericanos. Fue presidente de la Asociación Paraguaya Racionalista.

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