Investigar cannabis en Paraguay: “No tiene sentido que la ley prohíba la ciencia”

 

El camino para estudiar el cannabis en un laboratorio parecía lineal y sencillo para Jorge Jara, biotecnólogo, que en 2020 se inscribió en una maestría de química orgánica con énfasis en fitoquímica medicinal de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y comunicó que esa planta sería la protagonista de su tesis.

Jara quería elaborar e investigar las propiedades de un té a partir de hojas de cannabis. Buscaba analizar y conocer su composición —los metabolitos secundarios, cannabinoides y terpenos— para proponer un uso terapéutico.

Recibió todas las promesas de apoyo necesarias del plantel académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: una investigación tutorada sin inconvenientes para trabajar con cannabis y gestionar sus permisos. Con una ley aprobada en 2017 específicamente para promover la investigación del uso medicinal del cannabis, pensó que no habría mayores problemas.

Sin embargo, le tomó dos años a Jorge conseguir un permiso del Estado para acceder a la planta con fines de investigación, y tuvo que cambiar su tema original.

La primera pared con la que chocó Jorge fue el “desorden y la poca claridad” de las normativas. A esto se sumó que diferentes instituciones públicas interpretaron la ley de forma distinta y se pasaron la responsabilidad de una a otra.

“Nos hicieron el ping pong, perdimos tiempo. Así la gente se desmotiva, y consiguen que nadie quiera continuar. Marean con la burocracia y se acabó”, resumió el investigador.

De los tubos de ensayo a las leyes, decretos y resoluciones

Según la ley, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) es la responsable de otorgar permisos para producir, comercializar e investigar con cannabis medicinal y derivados con aplicaciones terapéuticas, como el té que quería conseguir Jorge. Dentro de su organigrama está el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC).

La primera institución en el itinerario hacia el permiso fue, lógicamente, la DINAVISA, pero esta no respondió a sus primeros intentos de contacto. El PROINCUMEC ni siquiera contaba con un director hasta fines de 2020.

A falta de un camino preciso para seguir, además de ser investigador, a Jorge le tocó hacerse experto en leyes nacionales sobre cannabis y lidiar con instituciones estatales.

Si uno busca “cannabis” en el portal de acceso a información pública, la mayoría de solicitudes fueron hechas por el biotecnólogo, y algunas de ellas son un pinponeo de respuestas con funcionarios que no comprendían o no querían entregar las solicitudes. Así lo veía Jorge.

Dedicó casi un año a solicitar, recolectar y leer legislaciones y normas de los entes públicos relacionados. Acceder al permiso era acceder a la planta, pero no encontraba cómo hacerlo.

No podía recurrir a una asociación de autocultivo o buscar un dealer para obtener una muestra de la planta, lo cual le hubiera tomado apenas unos días. Paraguay es uno de los mayores productores mundiales de cultivo ilícito de cannabis; entre 2020 y 2022 se cultivaron 10 mil hectáreas con una producción estimada de 3.000 kg por hectárea.

La ley 1340 de 1988 menciona que es legal portar 10 gramos de cannabis para uso personal, pero esto se limita a los farmacodependientes, y hay un mito de un carnet que habilita a hacerlo. Según el Ministerio de Salud, lo que existe es un “cartón” de ficha de paciente del Centro de Adicciones, pero no tiene valor legal. Además de no exponerse legalmente, para una publicación científica, Jorge necesitaba la trazabilidad de la muestra y transparentar el origen.

Tan abundante pero inaccesible a la ciencia

Con apoyo de su facultad, Jorge acudió a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la institución policial encargada de luchar contra el narcotráfico que fue incluida en la ley para fiscalizar a los investigadores. Jorge comprende que la SENAD interviene porque el cannabis aún tiene aplicaciones prohibidas, pero considera que su participación en las investigaciones está en una zona gris porque no es claro cómo lo hace; no hay protocolo, solo discreción y constantes bloqueos.

La policía antidrogas, además de destruir cultivos ilícitos o pistas aéreas clandestinas, fiscaliza los permisos de cultivo e industrialización de cannabis medicinal que otorga la DINAVISA.

“Me llegó el no. (…) No entendíamos por qué. Nosotros no íbamos a traficar, no íbamos a hacer nada ilegal. (…) No tiene sentido que la ley prohíba la ciencia, me parece injusto”, se lamenta Jorge.

La única salida que brindó la SENAD era trabajar en el laboratorio de la institución policial. Pero Jorge lo cuestiona. Hasta ahora no entiende por qué la UNA no podría estudiar el cannabis de manera autónoma. El artículo 5 de la ley 6.007 incluso permite a la UNA cultivar cannabis con autorización de DINAVISA. Que la UNA no acceda a cannabis para investigar va en contra de la ley.

En la lógica de la SENAD, sin el permiso tan difícil de conseguir, los investigadores podrían pasar de ser científicos produciendo conocimiento a ser criminales con posibilidades de ir presos por 10 años. La ley podrá estar de su lado, pero los funcionarios públicos no.

En su maestría, Jorge no era el único interesado en investigar el cannabis. Uno de sus compañeros, Mario Ricardo Galeano, funcionario de la SENAD, realizó su tesis con la planta porque logró acceder a una muestra de cannabis con THC incautado por la institución. En 2023, la SENAD incautó 4.969,5 toneladas de marihuana.

Jorge le pidió un poco de su muestra, entendiendo que con su permiso y con fines de investigación, era completamente legal. Le propuso mencionarlo en los agradecimientos y artículos. Al principio, su compañero se mostró abierto, dijo que consultaría con la asesoría jurídica, pero el tiempo de consulta se dilató a dos meses de insistencia. Finalmente, la respuesta fue que no podía compartir las muestras.

“¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo tengo que pedirle a la SENAD el permiso?”, le preguntó entonces Jorge, dispuesto a gestionarlo. “Y ahí como que ya no hubo tanta respuesta”, mencionó.

El compañero era y sigue siendo director del laboratorio forense de la SENAD. En 2020 accedió a alrededor de 7 kg de cannabis sativa de una incautación para realizar su tesis mediante permiso de la Fiscalía y SENAD, con un proceso que solo él supo conseguir en ese momento.

El único lugar donde figura este procedimiento como posibilidad para trabajos de investigación es en una respuesta al insistente pedido de información pública por parte de Jorge, dos años después del permiso otorgado a Galeano.

La luz al final del túnel

Mientras tanto, el camino se oscurecía para Jorge. Incluso estableció un plan B para una propuesta de tesis con otra planta, “por si ocurría algo un poco más grave, digamos, un poco más intimidante”, comentó Jorge.

Por entonces, comenzaron los desalientos de otros docentes para que cambiaran de tema, pero no se rindió y volvió a la DINAVISA. La entonces directora del PROINCUMEC, Mercedes Da Silva, le prometió revisar el proyecto. Jorge le envió los documentos.

El tiempo transcurrió y la esperanza fue diluyéndose en otro muro de correos. Le afirmaba que “estaban revisando, que debían reunirse con la SENAD, con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, pero el permiso no llegaba. Y nunca llegó.

Entendió entonces que estaba siendo ignorado una vez más. Cambió el enfoque de la investigación; dejó de lado el té y se enfocó en el cáñamo o cannabis industrial, una variedad sin tetrahidrocannabinol (THC), el principal ingrediente activo del cannabis con aplicaciones terapéuticas comprobadas. Según los decretos 2725 de 2019 y 3999 de 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se encarga de su regulación.

A diferencia de las instituciones anteriores, la Comisión Interinstitucional del Cáñamo Industrial (COINCA) lo recibió. El investigador propuso un método de caracterización de manera temprana de la planta. Es decir, encontrar formas rápidas de distinguir variedades, principios activos y sexo de la planta.

Uno de los requisitos para obtener el permiso del MAG era tener un trato previo con una empresa que proveyera las muestras. En Paraguay no hay una reglamentación para destinar semillas o alguna parte de la planta de cannabis o derivados a investigadores. Hoy, el acceso más inmediato a muestras para la investigación depende de la buena voluntad de alguna empresa que ya tenga un permiso.

Descubrió que el MAG tiene la potestad de dar el permiso para investigar, pero como nunca importó semillas, se necesita de una empresa que ceda el material genético.

De nuevo presentó el proyecto de investigación, todos los certificados de seguridad del laboratorio donde trabajaría, la documentación de la empresa privada que proveería la muestra y la carta de solicitud. En aproximadamente un mes logró con el MAG lo que no pudieron en casi dos años a través del PROINCUMEC y la SENAD, con la diferencia de que ya no podía tratarse de una variedad con THC.

Jorge acudió a la empresa productora de cáñamo industrial Evona, que cultiva en Hernandarias, a unos 270 km de Asunción.

La empresa le abrió la puerta para recolectar una muestra de dos gramos en su campo de cultivo experimental. Había sido la segunda empresa consultada; otra se opuso a que se publique lo investigado.

Con el permiso del MAG en mano, Jorge trasladó la pequeña muestra hasta el campus de la UNA en Asunción para iniciar su investigación. Quedaban solo unos 5 meses para entregar la tesis, por lo que ajusó el proyecto una vez más.

Para su tesis, diseñó unos marcadores del ADN de la muestra para determinar desde el primer brote de la planta una correlación entre sus genes y la concentración de los cannabinoides.

En julio de 2023, Jorge al fin pudo presentar su tesis sobre cannabis, que se llamó “Análisis de extractos utilizando cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y diseño de marcadores moleculares de quimiotipos para cannabis sativa cultivada en Paraguay”. La HPLC es una técnica de separación de mezclas diversas. Con esta técnica, separó y cuantificó los cannabinoides y otros compuestos de la planta de cannabis.

También logró obtener resinas con un alto rendimiento, considerando la pequeña muestra, y revelaron que la materia vegetal era idónea para un uso medicinal en tratamientos que requieran alto porcentaje de CBD. En la conclusión de su tesis, resaltó la necesidad de replicar los ensayos y visibilizó el desafío de los permisos.

Luego de la larga búsqueda, Jorge no quiso desaprovechar la oportunidad de mostrar a otros investigadores el camino para investigar con cannabis. Publicó un paper sobre el marco jurídico de la cannabis sativa en los países de América y un artículo sobre la regulación del uso de cannabis sativa con fines industriales en Paraguay.

También publicó un artículo científico en la revista Investigaciones y Estudios de la UNA, sobre el cannabis en Paraguay, su presente y las perspectivas, que ya cuenta con cerca de 1.200 descargas. Y recientemente fue publicado otro artículo en la revista Steviana de la UNA sobre el método de extracción de cannabinoides que utilizó en su tesis.

La ciencia que no fue

Otros investigadores no tuvieron la suerte, los recursos o el apoyo que tuvo Jorge para llegar hasta el permiso e investigar con cannabis. Varios censuraron su curiosidad por la burocracia, incluso con miedo a ir presos.

Antonio Samudio, investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de la UNA, también chocó con esta burocracia. “Todos tendríamos que tener la oportunidad de investigar. Es un tema muy interesante. El país puede sacar mucho provecho. Nosotros podemos producir variedades, especies, podemos mejorar un montón de cosas. Pero al final nos ponemos palos entre todos y es difícil seguir, y quizás unos pocos son los beneficiados. La universidad tendría que formar parte y poder investigar”, comentó.

Samudio y su colega Héctor Nakayama optaron por frenar las incipientes investigaciones del CEMIT con esta planta, vencidos por la burocracia que la rodea, incluso con un convenio de cooperación firmado con la SENAD. Nakayama comentó que solo se involucraría en convenio con alguna empresa, confiando que así la burocracia no lo alcanzaría.

Cuando Julio Riquelme —nombre ficticio de un investigador que pidió anonimato—  intentó investigar cannabis con una institución privada, desistió pronto. La reglamentación era sumamente ambigua e imponía un control que le parecía excesivo y hasta riesgoso, como las visitas sorpresivas de la SENAD al laboratorio. Temía la posibilidad de que puedan “llevarte preso dependiendo del componente que estés investigando”. Julio encontró mejores oportunidades para investigarla en otro país.

José Barrios, otro científico anónimo que invierte de su bolsillo hace 7 años, siente que su voluntad se agota. “Debo pensar si vale la pena seguir o abandonar completamente y enfocarme en especializaciones relacionadas a la soja o maíz. Pensaba que el país iba a ofrecer muchas oportunidades de desarrollo, pero no fue así”, confesó.

Jorge parece ser el único que no se rinde. En marzo de 2024 inició su doctorado en Ciencias Biomoleculares en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA para dar continuidad a la investigación de la maestría.

No se arrepiente de haber elegido Cannabis sativa como su línea de investigación. Todavía sueña con elaborar un té o un caramelo. También en secuenciar el genoma de una variedad silvestre o comprobar si la leyenda de la “súper marihuana paraguaya” es cierta. Todo eso, hoy no es posible caracterizar ni descubrir potenciales propiedades medicinales.

En siete años, la DINAVISA, entidad encargada de promover el estudio del cannabis medicinal, no ha aprobado ninguna investigación.

Mientras la burocracia paraguaya sobre el cannabis limite el horizonte de la investigación científica, la perseverancia y oportunidades de investigadores como Jorge podrán encontrar los huecos por donde seguir.

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Nota del editor: se modificó el artículo para aclarar que el té con hojas de la tesis inicial de maestría no necesariamente buscaba contener THC, así como para precisar el método utilizado en la tesis final publicada.

Este artículo hace parte de la serie de tres publicaciones y videos gracias al Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo de Colombia. Podés leer la segunda parte aquí y la tercera parte aquí.

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