Las investigadoras e investigadores del Paraguay podrían estar protegidos por una nueva ley, que ya está en el Congreso Nacional. (Freepik)
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Es sabido que en el Paraguay estamos como furgón de cola en términos de inversiones en ciencia e investigación, somos de hecho uno de los países que menos invierte en generar conocimiento que permita el desarrollo de la nación (apenas el 0,14 % según el CONACYT). Las grandes naciones se destacan por su inversión en I+D (Investigación y Desarrollo), pero una vez más parece ser que el sector privado hace más por la ciencia que el propio Estado paraguayo.

Debido a las ausencias de las obligaciones que tiene el Estado con su ciudadanía, en temas como la salud, la seguridad y la educación, estas se transforman en lucrativos negocios para el sector privado. También el sector de I+D ha sido históricamente liderado por la investigación realizada por individuos privados, y con lógicas o razones que no siempre estuvieron enfocadas en el desarrollo social, ambiental y económico del país.

La existencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue un importante avance cuando se creó hace más de dos décadas. Sin embargo, no fue hasta hace una década que se construyó un marco con financiamiento para fortalecer la I+D en el país, con buenos indicadores que muestran que el Paraguay va camino a mejorar su métrica a nivel internacional y posicionarse también a nivel regional, invirtiendo en ciencia, innovación y tecnología.

Si bien aún queda mucho por hacer y parece que en los últimos tiempos ciertos sectores -con más pesos decisivos en el desarrollo sectorial- han tenido más incidencia en esta instancia, los logros, a pesar de los encontronazos, parecen avanzar. Los países más pobres del mundo han relegado la I+D por otras prioridades; sin embargo, se reconoce que la ciencia ha sido una de las acertadas decisiones de los países con economías en transición. Ya que está sentó las bases de la ciencia con sabor “doméstico”, poniendo las prioridades de investigación en el desarrollo acordado para el país.

O se invierte en ciencia o se continuará sumido en la pobreza, no en vano las grandes empresas internacionales con fuerte uso de los recursos naturales invierten en investigación manteniendo un departamento con personas dedicadas al rubro. Estas personas son los investigadores y científicos, y estos profesionales provenientes de las diferentes disciplinas de la ciencia aplican procedimientos para crear conocimiento que muchas veces apuntan a desarrollos tecnológicos muy destacados.

Prioridades del Paraguay

Paraguay, gracias a la trayectoria del CONACYT, ha reconocido a sus científicos a través de un Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores y ha creado criterios y requisitos; sin embargo, este programa conocido como PRONII ya lleva una década de implementación, y aún depende de contribuciones que no están incorporadas al Presupuesto General de Gastos del Estado. Por ello, lo que uno entiende es que si no está en ese presupuesto, entonces no debe ser una prioridad para el país, cuando difícilmente haya alguien que crea que ésto sea así.

Mientras buscamos el reconocimiento en este presupuesto de nuestros investigadores, existe un proyecto de Ley del Investigador Científico que está siendo tratado con mucha lentitud, vaya uno a saber con qué fantasmas o presiones sectoriales, que impiden su avance, o desidia de quienes tienen que darle continuidad y debatir esta iniciativa.

El motivo principal de esta ley es precisamente ese, el de instaurar el Sistema Nacional de Investigadores como una manera de consolidar e internacionalizar la ciencia del Paraguay, empujándolo y posicionándolo a un país que crea conocimientos ligados al bienestar de la nación. La única manera de llevar a cabo esta ardua tarea es reconocer, promocionar e incentivar a los investigadores, que además se encuentran identificados y albergados a una institucionalidad nacional, que no siempre son las universidades o los institutos de investigación.

Actualmente, Paraguay tiene solo 515 investigadores categorizados y apoyados financieramente por el CONACYT. (Ciencia del Sur)

La gran mayoría de las universidades del mundo exigen que sus docentes sean primero investigadores y desde la investigación ejerzan la docencia en particular para formar investigadores.

Una ley, como la que se ha esbozado en forma participativa con los investigadores científicos y con quienes entienden el rol de la ciencia en el desarrollo de una nación, asegura la existencia y el reconocimiento de una carrera del investigador, que dé predictibilidad a la misma y que se rija por criterios de excelencia, meritocracia, y que la sociedad valore.

Debemos recordar que muchos investigadores paraguayos han salido del país para formarse en instancias que no existen a nivel nacional o cuya trascendencia no es la más respetada ante los estándares internacionales.

Son muchos profesionales aquellos que no han vuelto y quienes han decidido quedarse en el exterior o migrar y se desenvuelven en el extranjero honrando la preparación y el compromiso nacional, pero desde un lugar donde puedan mantener una familia y sentirse satisfechos por su desarrollo profesional.

Quienes quedaron en el país, lo hicieron porque fueron exitosos en la recaudación de fondos privados en proyectos de investigación o pertenecieron a un pequeño grupo de “privilegiados” con las escasas oportunidades que el Paraguay que les daba, o bien aquellos que por poseer recursos financieros pudieron subvencionar las ansias de crear conocimiento.

Es una ley que garantiza mantener lo que se ha venido haciendo bien, también asegura la pluralidad de los actores nacionales en ciencia e investigación.

El profesional de la investigación, con algunas aptitudes innatas por la “búsqueda de la verdad”, se ha formado tras diferentes carreras y disciplinas para aportar soluciones a interrogantes utilizando el método científico. También para validar el conocimiento y hacerlo útil para toda la sociedad, es una actividad que debería ser fundamental en las instituciones académicas universitarias del Paraguay.

Esto con el fin de fomentar un pensamiento lógico y creativo que incentive la generación de respuestas a interrogantes y permita la acumulación de conocimientos aportando soluciones a los problemas de la sociedad. O bien avanzando en áreas del conocimiento por el conocimiento en sí; sin necesariamente estar ligado a un desarrollo tecnológico o a una aplicación práctica.

Pues esta no es la situación en Paraguay y gran parte de la investigación ha venido de ámbitos no necesariamente universitarios. Una ley amplia, general, pluralista, moderna y que capitalice lo aprendido, podría ayudarnos a enterrar años de desatención, poco interés en la ciencia, y de gente enseñando a hacer ciencia que nada tiene que ver con la investigación.

Muchos de los colegas que enseñan y entrenan en ciencia, jamás la han practicado. No obstante, aquellos que hacen (o hacemos ciencia) en Paraguay cumplimos con estándares internacionales y está claro qué significa ser un investigador y cómo se lo evalúa.

Estos estándares están considerados en los criterios del mismo PRONII y con algunas deficiencias y endemismos, se utilizan en las universidades para formar sus equipos profesionales. Y como si fuera poco, parece que ni siquiera atendemos que lo que manda la constitución nacional, en varios artículos que destacan la importancia de la investigación y de quienes hacen ciencia.

Y como ya lo mencionó el colega, Dr. Christian Schaerer, la “Constitución Nacional” considera a la ciencia como una cuestión estratégica y de seguridad nacional, y queda expresamente establecida la necesidad de una ley que reglamente los servicios que ofrecen quienes hacen investigación, y hace un inteligente pero obvio llamado a leer la Constitución.

En resumen, y ante este marco, es importante destacar que esta ley propone dar lo que todo trabajador necesita, estabilidad laboral y protección social, indistintamente si viene o ejerce desde el sector privado o público y a nivel nacional. Nos urge tener instrumentos que reconozcan el papel del investigador como formador de talentos y de productos del conocimiento inédito, nuevo, para generar un desarrollo “con sabor nacional”.

Paraguay se merece una Ley del Investigador Científico para acercarse a sus socios regionales y para comenzar a honrar a quienes deciden por esta difícil tarea de hacer investigación. Esperamos que pronto el Congreso Nacional y la sociedad puedan debatir y atender una ley que prestigie a los científicos paraguayos.

 

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