acoso universidades paraguayas
Manifestación frente al arzobispado de Asunción de la Iglesia Católica (Foto: PUF).
9 min. de lectura

 

Hablar sobre medidas contra la violencia de género en las universidades paraguayas sigue siendo un tabú. Al no contar las instituciones con garantías ni prevención de una vida universitaria libre de violencia, la mayoría de los casos de acoso sexual o discriminación siguen siendo secretos a voces y advertencias en los pasillos.

Las pocas veces en que facultades y universidades de Paraguay se ha hablado sobre la necesidad de contar con un protocolo contra el acoso y toda forma de violencia, estas han sido iniciativas de grupos estudiantiles y tras enfrentarse a casos públicos de acoso entre pares o por docentes a estudiantes. Casi todos los borradores de protocolos han sido cajoneados por las autoridades universitarias.

Debido a esto, las personas —en su mayoría, mujeres— que se enfrentan a una situación de violencia en espacios universitarios, quedan desprotegidas. No existe una ruta de intervención clara ante estos casos, y el mensaje que queda es que si denunciás, te enfrentás a un laberinto judicial o social largo y engorroso.

Durante las entrevistas con estudiantes y docentes de diferentes facultades y Ciencia del Sur, lo primero que mencionaron fue la importancia de conceptualizar y reconocer las violencias.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —conocida como la Convención de Belém do Pará y ratificada en Paraguay por la Ley 605/95— reconoce a la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Por otro lado, la violencia de género es más amplia. ONU Mujeres explica la violencia de género como “los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género”. Si bien las mujeres están en una mayor situación de riesgo frente a muchas formas de violencia, los hombres también pueden sufrirla.

Además, este término se utiliza para referirse a la violencia dirigida a poblaciones LGBTQI+, porque estas violencias están relacionadas con las normas sociales de masculinidad y feminidad.

Ya que las acciones tomadas por las autoridades universitarias no han sido suficientes para prevenir y erradicar las violencias en estos espacios, grupos de estudiantes se han organizado para encontrar salidas y para luchar por el reconocimiento a una vida universitaria libre de violencias.

Un estudio sobre la percepción sobre la violencia en la comunidad universitaria

En 2018, a través del Observatorio de los Derechos de las Mujeres (ODM) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), del departamento de Ñeembucú, se realizó un estudio sobre la percepción de los estudiantes sobre la violencia hacia las mujeres en las diferentes facultades de esta institución educativa.

María Dolores Muñoz, trabajadora social y docente de la UNP, contó que el objetivo de la ODM era mirar la propia casa de estudios en relación con la violencia de género que existe pero que no está visibilizada.

En el estudio, que contó con una muestra de 368 estudiantes, el 24,4 % respondió que percibe que en la universidad se producen y existen comportamientos sexistas. El 38,6 % conocía casos de violencia de género o acoso que ocurrieron en la comunidad académica.

En 2020 realizaron otro estudio sobre la percepción de docentes y personal administrativo con respecto a la violencia de género. El 45,3 % respondió que las docentes podrían ser víctimas de violencia de género en la universidad. Un 60,4 % respondió que las estudiantes están expuestas a sufrir violencia de género en la universidad.

El Observatorio de los Derechos de las Mujeres (ODM) de la Universidad Nacional de Pilar investigó sobre la problemática. (UNP)

En la consulta también se preguntó si era necesario contar con un protocolo contra el acoso en la UNP, a lo cual el 89,6 % respondió que sí. También, el 85,8 % de los encuestados respondió que, contar con políticas de igualdad de género y prevención de violencia, puede ser un indicador de calidad académica e institucional.

A partir de estos datos, la universidad inició un proceso de construcción de un protocolo contra el acoso y la violencia que fue presentado este año y está pasando por una revisión previa a la presentación en el Consejo Superior Universitario.

Muñoz comentó que el protocolo tiene como objetivo instalar el tema, que se incorpore en el currículum, que se creen líneas de investigación y líneas de acción como extensiones universitarias y también que se realicen campañas de prevención. Aparte, el protocolo también cuenta con acciones para atender los casos.

Las leyes y normativas también hablan de la violencia hacia las mujeres en las universidades

En 2016, se promulgó la Ley 5.777 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia”, cuya reglamentación establece que el Ministerio de Educación y Ciencias es una de las autoridades de aplicación directa de esta ley.

En su artículo 7 expresa que se debe incorporar el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y la no violencia en los criterios de calidad establecidos para evaluar carreras de grado, programas de posgrado e instituciones de educación superior.

Hasta ahora, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) no ha incluido indicadores al respecto en sus evaluaciones de las instituciones.

La universidad que ya cuenta con un protocolo

Las docentes y estudiantes entrevistadas por Ciencia del Sur desconocían universidades o facultades de Paraguay que cuenten con un protocolo ya aprobado, además de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), una institución privada.

A finales de 2019, la UNAE aprobó el “Protocolo Universitario para la Prevención y Protección contra el Acoso y todo tipo de Violencia”, iniciativa de la rectora Nadia Czeraniuk.

Yonny Flick, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales, comentó que hasta el momento no se ha llegado a ninguna sanción a través de este protocolo. Consideró que esto es fruto de las acciones de prevención.

En el protocolo se establece cuáles son las situaciones de violencia que contempla, sus principios de actuación, su ámbito de aplicación y procedimiento ante los casos denunciados. Su aplicación está a cargo de la Unidad de Bienestar Universitario.

LA UNAE aseguró que aunque cuenta con un protocolo todavía no se sancionó a alguien. (Wikimedia)

Las mismas universitarias llevan adelante la lucha por universidades libres de violencia

En 2016, luego de un grave caso de violencia entre pares en el entonces Instituto de Trabajo Social (ITS) —hoy Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)— de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 6 estudiantes mujeres del colectivo Rosa Luxemburgo se sentaron a hablar sobre esto, decidieron que debían hacer algo y empezaron la tarea de construir un protocolo contra el acoso.

Mabel Candia, quien entonces cursaba la carrera de trabajo social, comentó a Ciencia del Sur que cuando tuvieron la idea, recibieron rápidamente el apoyo de algunas docentes y se creó un proyecto de extensión universitaria.

Comenzaron por buscar protocolos y otras experiencias en diferentes universidades, incluso a nivel latinoamericano. También invitaron a sumarse al proceso a estudiantes feministas de otras facultades.

El debate y los aprendizajes colectivos fueron su principal metodología durante los meses en los que trabajaron por el protocolo. Las mismas estudiantes se sorprendían al descubrir que algo que veían como cotidiano era una situación de violencia, comentó Mabel. Además, tuvieron que aprender las herramientas jurídicas que les permitían actuar de una u otra manera frente a una situación de violencia, y a partir de eso buscar alternativas.

Entre los puntos discutidos, uno de los más difíciles fue hasta dónde la universidad debería hacerse cargo. Por ejemplo, ¿qué sucedía cuando la situación de violencia ocurría entre compañeros pero fuera de la universidad?

“Esas preguntas que vos te hacés y le hacés a la universidad no tienen respuesta. Pero cuando hay un daño psicológico o físico, alguien tiene que hacerse cargo”, explicó.

Construir este protocolo significó un desencadenante en la institución. Mientras recolectaban información y escribían el documento, también se empezó a hablar de violencia de género en otros espacios educativos: se realizaron charlas, seminarios y las y los docentes se propusieron incorporar el tema en todas sus cátedras. Con todo esto, más denuncias se sumaron mientras la comunidad educativa aún no sabía cómo actuar.

Luego de varias socializaciones, revisiones, sugerencias y ajustes, el protocolo construido colectivamente se presentó al Consejo Superior Universitario de la UNA, y es ahí donde continúa el documento sin ser aprobado hasta el día de hoy.

La FACSO de la UNA todavía espera aprobar el protocolo. (FACSO)

Laura Bareiro, docente investigadora de la FACSO, quien acompañó el proceso de construcción desde sus inicios, afirmó que están en la espera de que sea aprobado. Ella explicó que el espíritu del protocolo no es la sanción sino la prevención y la promoción de una facultad libre de violencia.

El equipo impulsor vio este proceso como el punto de entrada para trabajar la realidad de la violencia en las universidades. “Pensamos que es un instrumento que puede ayudar, porque no resuelve el problema, ya que este trasciende a las universidades”, comentó.

Si bien el protocolo de la FACSO no se encuentra aprobado, desde la coordinación de Bienestar Estudiantil de la facultad se busca seguir el “espíritu” de este documento cuando surge una situación de violencia.

En otras facultades del país también existen departamentos o coordinaciones de bienestar estudiantil que actualmente ocupan el mismo rol. A ellos acuden estudiantes que sufrieron alguna situación de violencia —entre otros problemas—.

Blanca Galeano, encargada de la coordinación de bienestar estudiantil de la FACSO, opinó que el mayor desafío con respecto a la violencia en las universidades es lograr que la intervención sea un proceso educativo. 

“Cuando suceden situaciones de violencia, lo primero que te piden es una acción punitiva”, reconoció. Sin embargo, un trabajo integral debería enfocarse en la prevención y en que, cuando se cuente con un equipo interdisciplinario como menciona el protocolo, este equipo siga revisando su modelo de actuación para mejorarlo.

La FACSO no es la única facultad de la UNA donde las estudiantes se organizaron para construir un protocolo contra el acoso y las violencias. En la Facultad de Derecho y en Ciencias Médicas se han generado estos espacios desde hace varios años. Sin embargo, tampoco fueron aprobados los protocolos propuestos.

Asimismo, en la Universidad Nacional de Itapúa y en la Universidad Católica de Asunción, estudiantes también se han organizado y luchado por un protocolo que hasta hoy no ha sido aprobado.

En la Facultad de Derecho de la UNA, hartas de no contar con un protocolo, la Articulación de Universitarias Unidas (ARU) se movilizó en 2020 luego de un caso de acoso entre estudiantes y solicitaron una mesa de trabajo. Anterior a esto, en 2018 se había presentado una propuesta a la dirección de la facultad que quedó ahí.

Actualmente, desde ARU están reviviendo el debate sobre la necesidad de contar con este protocolo y están en conversación con la decana para empezar a trabajar en ello, explicó Cindy Mendoza, estudiante de la facultad.

Alrededor de 2017, en la Universidad Nacional de Itapúa empezaron a realizar mesas de trabajo para llevar adelante un protocolo. Al inicio, no existía mucha apertura por parte de las autoridades, comentó Belén Leguizamón, integrante de la organización Universitarias Feministas de Itapúa (UFI). Sin embargo, en los últimos años han aumentado los espacios para hablar sobre violencia de género en esta zona del país.

Mientras ellas luchaban por conseguir un protocolo, también se encontraron con denuncias de acoso por parte de las autoridades que no fueron investigadas. Las víctimas tampoco recibieron una reparación, incluso algunas sufrieron persecución y amenazas para que no continúen con las denuncias, contó Belén.

Los casos de acoso que movilizaron a toda la comunidad universitaria

Mientras las facultades no cuentan con un protocolo, son las mismas estudiantes organizadas quienes cumplen un rol de protección para las compañeras que denuncian alguna situación de violencia.

Desde la articulación ARU se reciben denuncias de casos porque las estudiantes de Derecho UNA saben que ahí encontrarán acompañamiento para sobrellevar estas situaciones.

Esto se repite en otras facultades de diferentes puntos del país, como en la de Ciencias Médicas, donde hace unos años saltó un caso mediático del docente Juan Gustavo Rodríguez Andersen hacia una estudiante. Luego de un proceso judicial de 5 años, en 2021, finalmente él admitió haber ejercido violencia.

Aun tras esta situación, la facultad de Ciencias Médicas sigue sin aprobar un protocolo contra el acoso.

Carolina Wolf, estudiante de medicina que denunció esta situación de violencia, accedió a conversar sobre ello con Ciencia del Sur. Comentó que durante estos años ella no recibió acompañamiento por parte de la facultad. Sin embargo, animó a que las mujeres que pasen por esto denuncien, porque sí van a tener el respaldo de otras estudiantes como ella.

Carolina tuvo que dejar la carrera unos años debido a la carga emocional que implicó el proceso judicial al que se enfrentó. Este año, luego de la sentencia, retomó las clases.

Otro de los casos de acoso que más repercusión tuvo en los últimos años fue el del docente de la UCA, Cristian Kriskovich. El desenlace fue distinto. Hasta hoy, la estudiante que denunció se encuentra en Uruguay, luego de que Kriskovich realizara una demanda en su contra por supuestos daños y perjuicios. Sobre ella pesa otro proceso judicial por supuesta “producción de documento no auténtico”.

Maccarena Chilavert, abogada e integrante de la Plataforma de Universitarias Feministas (PUF), articulación que acompañó a Belén durante su denuncia, comentó que el proceso significó muchos años de lucha, y que esto debe interpelar a toda la sociedad, no solo a la comunidad universitaria.

Desde la PUF denunciaron la influencia de Cristian Kriskovich en el proceso judicial, ya que en ese momento él presidía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que se encarga de las designaciones de jueces y fiscales, y de las sanciones a los mismos.

El caso del abogado Cristian Kriskovich, quien fue denunciado por acoso, todavía sigue impune. (Fuera Cristian Kriskovich)

“Hubo un conflicto de interés que nosotras vemos como preocupante y creemos que no permitió que la investigación y la denuncia de Belén avancen”.

Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado paraguayo a presentar sus observaciones sobre el hecho. El Estado tiene tiempo para responder hasta el 19 de enero de 2023.

Para que las universidades sean un espacio libre de violencias se necesita el compromiso y una apuesta de toda la comunidad educativa. Dolores Muñoz considera que aún hay mucho silencio en las universidades.

“Este es un tema que también hay que tratarlo en forma colectiva, como alianza estratégica. Porque si no, nuestras energías, entusiasmo e incluso nuestras convicciones se pueden ver desgastadas ante tantas barreras y dificultades. Si vamos a hacer vigente los mandatos que dice la ley 5777, como una respuesta a la problemática, yo creo que es un imperativo que las universidades nos reunamos en un espacio común para hablar de esto”, concluyó.

¿Qué te pareció este artículo?

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (1 votos, promedio: 5,00 de 5)

Alejandra es reportera junior en Ciencia del Sur. Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Asunción, se desempeñó en distintas área de la comunicación para empresas y organizaciones internacionales. Fue una de las ganadoras del IX Premio Nacional de Periodismo Científico en 2019.

Compartir artículo:

1 COMENTARIO

  1. Gracias cienciasdelsur! El Artículo tuvo incidencia positiva en la Universidad Nacional de Pilar. El CSU en sesión plenaria del día lunes 28 de noviembre cta año, aprobó el Protocolo de atención y prevención de hechos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual producido en el ámbito laboral y académico de la UNP.

Dejar un comentario

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí