Cuando un alto funcionario del sistema educativo relativiza una dictadura, no estamos ante una simple “opinión personal”. Estamos ante un problema epistemológico, ético y democrático. Las recientes declaraciones del presidente de la ANEAES, José Duarte Penayo, sobre el régimen de Alfredo Stroessner no solo son históricamente problemáticas y falsas, sino que chocan de frente con los estándares básicos del conocimiento científico en historia y ciencias sociales.
Este no es un debate partidario. Es un debate sobre método, evidencia y responsabilidad pública. Y sobre si vamos a priorizar la investigación histórica seria o los marcos narrativos convenientes para un partido político.
En las ciencias sociales no existe unanimidad absoluta, pero sí consensos construidos por acumulación de evidencia independiente. El consenso historiográfico sobre el stronismo no surge de ideología, sino de décadas de trabajo con archivos documentales, registros judiciales, testimonios de víctimas, investigaciones académicas nacionales e internacionales e informes de comisiones estatales y de derechos humanos.
Ese conjunto de fuentes converge en una caracterización clara: el stronismo (1954-1989) fue un régimen autoritario con rasgos evidentemente totalitarios, con represión sistemática, persecución política, tortura, desapariciones forzadas, exilio y eliminación de libertades civiles.
El debate académico legítimo discute matices: etapas del régimen, grados de institucionalización, relaciones con actores internacionales, impactos económicos o geopolíticos. Lo que no está en debate es el carácter represivo y violatorio de los derechos humanos del sistema. Negar eso no es “otra interpretación”, sino desconocer la evidencia acumulada y ningunear la ciencia.
Epistemología científica
La historia, como disciplina científica, no se basa en opiniones, sino en análisis crítico de fuentes, contrastación de información, contextualización y coherencia metodológica. La interpretación es parte del trabajo histórico, pero no toda interpretación es válida. Hay interpretaciones que respetan la evidencia y otras que la fuerzan o la ignoran.
Cuando se relativiza una dictadura comparándola superficialmente con otros períodos violentos, sin analizar estructuras de poder, sistematicidad represiva ni responsabilidad estatal, se rompe el marco metodológico básico de la disciplina. Eso ya no es historia crítica; es simplemente un relato ideológico con apariencia de análisis histórico.
La evidencia no acompaña la reivindicación del stronismo. Las afirmaciones que buscan presentar al régimen de Stroessner como “menos grave” o “menos violento” que otros períodos históricos no se sostienen desde el punto de vista científico.
El problema no es solo qué se afirma, sino cómo se argumenta. Duarte Penayo reduce la gravedad del régimen a conteos simplistas de muertes; ignora la tortura sistemática, la persecución política institucionalizada, la censura estructural y la supresión de libertades y omite el carácter planificado del aparato represivo estatal.
En ciencia histórica, el peso de la evidencia no se mide por la conveniencia política, sino por la calidad de fuentes, consistencia metodológica y coherencia interpretativa. Y en ese terreno, la evidencia disponible contradice frontalmente cualquier intento de “blanqueamiento” del stronismo.

Falencias metodológicas y negacionismo
Resaltar algunas falacias de las opiniones de Duarte Penayo es apenas un ejercicio intelectual, pero permite identificar errores argumentativos que no sostienen afirmaciones rimbombantes:
- Falacia de la comparación numérica
Reducir la evaluación de un régimen al “número de muertos” es metodológicamente incorrecto. Los regímenes autoritarios se caracterizan por estructuras de control y represión, no solo por cifras de mortalidad directa. La tortura sistemática, las desapariciones, el exilio forzado y la supresión de la libertad política son criterios centrales en la evaluación histórica de una dictadura. - Falacia de contexto
Comparar violencia en contextos de guerra civil con violencia de Estado planificada es una confusión básica de categorías. Una cosa es la violencia en conflictos abiertos; otra, la violencia estructural ejercida por un aparato estatal contra su propia población en tiempos de “paz interna”. - Falacia de autoridad
Que una persona ocupe un cargo relevante no convierte sus opiniones en hechos históricos. La autoridad institucional no reemplaza al método científico. En ciencia, la evidencia manda, no el cargo.
El negacionismo no es solo un error académico. Tiene consecuencias sociales profundas porque normaliza el autoritarismo, debilita la memoria colectiva, relativiza la experiencia de las víctimas y erosiona la educación cívica.
Cuando el negacionismo proviene de una figura vinculada al sistema educativo, el daño es mayor porque se transmite la idea de que la historia es negociable según conveniencias políticas. Algo que Paraguay no puede permitir, justamente para evitar replicar modelos peligrosos para las libertades individuales y públicas.
El negacionismo es una pseudociencia porque, como explica Massimo Pigliucci en Ciencia del Sur, cumple criterios típicos de falsa ciencia: se refiere a temas que pertenecen al dominio científico (como vacunas, cambio climático o evolución), presenta afirmaciones inciertas e intenta crear la impresión de certeza donde no la hay.
Además, quienes lo promueven suelen usar prácticas epistemológicamente viciosas, como seleccionar evidencia a conveniencia, ignorar datos refutadores, inventar controversias inexistentes y aplicar criterios evaluativos sesgados. Socialmente, se caracteriza por falta de pericia y apelación a conspiraciones, distorsionando deliberadamente el conocimiento científico legítimo.
Por estas razones, el negacionismo no solo carece de rigor académico, sino que es peligroso. Debilita la confianza pública en la ciencia o la historia, contribuye a decisiones de salud y políticas públicas erróneas y puede tener consecuencias graves al obstaculizar respuestas basadas en evidencia frente a problemas reales.
Historia y ética científica
La historia no es un apéndice del relato del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana) ni de ningún otro partido. La investigación histórica no puede subordinarse a identidades políticas sin perder su integridad científica.
La utilización del pasado como herramienta de legitimación política ya causó demasiado daño en América Latina. Justificó autoritarismos, silenció crímenes y deformó la memoria colectiva. Subordinar la evidencia al discurso partidario no es patriotismo sino degradación del conocimiento.
La ética científica exige priorizar la evidencia incluso cuando incomoda al propio espacio político. En especial, quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad adicional. Los empleados estatales no pueden presentar opiniones ideológicas como si fueran hechos históricos.
La libertad de expresión no habilita la distorsión del conocimiento desde posiciones de poder institucional. La diferencia entre opinar y desinformar es ética, no partidaria.
Las opiniones de funcionarios no se convierten en verdad por repetición, jerarquía ni grado académico. Cuando se difunden interpretaciones negacionistas desde espacios institucionales, se legitima socialmente la confusión entre evidencia y relato político.
El rol del periodismo científico, que construimos en Ciencia del Sur, no es amplificar discursos, sino examinar críticamente su coherencia con la evidencia disponible y poner en evidencia las falencias epistemológicas, incluso en el discurso político. No se trata de censurar, como maliciosamente se da a entender en este caso, sino de defender estándares mínimos de conocimiento en el espacio público.
Este debate no se reduce a Stroessner. Se trata de decidir si, como sociedad, aceptamos que la verdad histórica se establece con evidencia, método y rigor, o si permitimos que el pasado sea manipulado para satisfacer intereses políticos presentes, tal como lo hizo la dictadura de 1954 a 1989.
La trivialización de la historia no es inocua: es un arma que legitima, incluso, intentos del mismo Partido Colorado de conducir al Paraguay hacia un nuevo autoritarismo. Defender la historia basada en evidencia no es una postura ideológica, sino un imperativo para proteger la ciencia, salvaguardar la educación crítica y sostener los cimientos de la democracia frente a quienes buscan corroerla desde la mentira y la impunidad.

Referencias de consulta
1- Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). (2008). Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia: Violaciones de derechos humanos en Paraguay (1954–1989). Asunción: Presidencia de la República del Paraguay.
2- Lewis, P. H. (1980). Paraguay under Stroessner. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
3- Lewis, P. H. (1968). The Politics of Exile: Paraguay’s Febrerista Party. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
4-Mendieta, M., Velaztiquí, A., & Franco, S. (2024). Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Revista de Investigación Científica, 8(2), 15–39.
5- Quintana, E. (2019). República del silencio: Pensar la censura desde Paraguay. Asunción: Servilibro.
6- Tyvela, K. (2019). The Dictator Dilemma: The United States and Paraguay in the Cold War. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
7- Velázquez, D. (2020). Educación, memoria y autoritarismo: Historia y memoria del stronismo en la educación paraguaya (1989–2019). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, (44), 710–732.
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Director ejecutivo de Ciencia del Sur y presidente de Ciencia del Sur EAS. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y pasó por el programa de Jóvenes Investigadores de la UNA. Tiene diplomados en filosofía medieval (Universidad Iberoamericana) y en relaciones internacionales (Universidad Interamericana). Se especializó en filosofía científica (Universidad Nacional de La Plata) y en museología (Universidad Autónoma de Asunción-AMUS).
Condujo los programas de radio El Laboratorio, con temática científica (Ñandutí) y ÁgoraRadio, de filosofía (Ondas Ayvu).
Fue periodista y columnista de ABC Color, donde fundó la sección de Ciencia y Tecnología y fue su editor . Fue presidente de la Asociación Paraguaya Racionalista, secretario del Centro de Difusión e Investigación Astronómica y encargado de cultura científica de la Universidad Iberoamericana.
Periodista de Ciencia del Año por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2017). Tiene cinco libros publicados. También es director de MUPA: Voces de Museos y Patrimonios. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2025.




























































































































































































